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La regulación de alquileres en España: aprobación del límite del 2% y el nuevo índice del INE que poco aliviará la presión inflacionaria
El Tribunal Supremo avala el límite impuesto en 2022, mientras se implementa un nuevo índice que permitirá subidas de hasta el 2,32%.
Publicado: 26 de enero de 2026, 03:18
En medio de un clima inflacionario persistente, el Tribunal Supremo de España ha ratificado el límite del 2% aplicado a las subidas de alquileres, una medida que el Gobierno introdujo en marzo de 2022. Esta decisión surgió en respuesta a la crisis socioeconómica provocada por la invasión de Ucrania, y su objetivo ha sido proteger a los inquilinos frente a los fuertes aumentos de precios en el mercado de vivienda.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo argumentó que esta limitación no vulnera el derecho de propiedad, al considerarla como una medida proporcionada y razonada, diseñada para proteger a los arrendatarios vulnerables. Además, la Ley por el Derecho a la Vivienda ha establecido un nuevo índice que permitirá que los alquileres se actualicen con un aumento de hasta un 2,32%, aunque esto sigue siendo insuficiente ante una inflación del 2,9% en diciembre de 2025.
Las instituciones han manifestado su postura, destacando que las medidas de contención de precios se justifican por la necesidad de proteger a una parte de la población vulnerable, mientras se busca equilibrar los derechos de los propietarios. Así, la reciente decisión del Supremo y la implementación del nuevo índice apuntan a una evolución en la legislación de arrendamientos en el país, enmarcadas en un intento de responder a la crisis habitacional exacerbada por la inflación y otros factores económicos globales.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo argumentó que esta limitación no vulnera el derecho de propiedad, al considerarla como una medida proporcionada y razonada, diseñada para proteger a los arrendatarios vulnerables. Además, la Ley por el Derecho a la Vivienda ha establecido un nuevo índice que permitirá que los alquileres se actualicen con un aumento de hasta un 2,32%, aunque esto sigue siendo insuficiente ante una inflación del 2,9% en diciembre de 2025.
Las instituciones han manifestado su postura, destacando que las medidas de contención de precios se justifican por la necesidad de proteger a una parte de la población vulnerable, mientras se busca equilibrar los derechos de los propietarios. Así, la reciente decisión del Supremo y la implementación del nuevo índice apuntan a una evolución en la legislación de arrendamientos en el país, enmarcadas en un intento de responder a la crisis habitacional exacerbada por la inflación y otros factores económicos globales.