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La realidad de los menores migrantes no acompañados en Catalunya: vulneraciones de derechos y falta de protección
A pesar del marco jurídico avanzado en Catalunya, muchos menores enfrentan pruebas de edad cuestionables y retrasos en sus permisos de residencia.
Publicado: 5 de enero de 2026, 06:14
La situación de los menores migrantes no acompañados en Catalunya es alarmante, marcada por vulneraciones de derechos fundamentales y un sistema de protección que, a pesar de contar con leyes avanzadas, falla en su implementación. Recientes informes de la Fundación Ficat, el Casal dels Infants y la Universidad Pompeu Fabra destacan la creciente incidencia de jóvenes que son declarados adultos prematuramente debido a pruebas de edad, a pesar de tener un pasaporte válido. Esta práctica ha generado una serie de conflictos legales, ya que el Tribunal Supremo ha dictado 59 sentencias que validan la documentación que identifica a estos menores, enfatizando la necesidad de proteger sus derechos.
Uno de los casos emblemáticos es el de Marzoukou, un joven proveniente de Benín. A pesar de que un tribunal validó su pasaporte, enfrentó la expulsión de un centro de protección a partir de un resultado de prueba de edad. Similar es el caso de Buba, un chico de Gambia, quien fue despojado de su protección y terminó sin hogar después de que las pruebas de edad lo declararan adulto. Las pruebas de edad, aunque prohibidas y consideradas poco fiables, siguen realizándose, dejando a muchos menores desprotegidos.
Esto ocurre en un contexto donde la abogada Laia Costa, de la Fundación Ficat, señala que el marco jurídico de Catalunya, aunque depende de las leyes que promueven la protección de la infancia, es frecuentemente incumplido por las administraciones. Estudios recientes indican que la mezcla de menores y adultos en los centros de protección provoca incomodidad y el deseo de separar estos grupos, aunque la DGPPIA mantiene que se cumplen las normativas.
A pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones, queda claro que se necesita una coordinación efectiva entre las distintas administraciones para garantizar que los menores migrantes reciban el apoyo y la protección que necesitan al llegar a Catalunya. La falta de trámites para las autorizaciones de residencia y trabajo, que deberían completarse en un máximo de tres meses, también es una vulneración significativa que impacta a muchos jóvenes, quienes, al cumplir 18 años, pueden quedar en situación irregular.
Uno de los casos emblemáticos es el de Marzoukou, un joven proveniente de Benín. A pesar de que un tribunal validó su pasaporte, enfrentó la expulsión de un centro de protección a partir de un resultado de prueba de edad. Similar es el caso de Buba, un chico de Gambia, quien fue despojado de su protección y terminó sin hogar después de que las pruebas de edad lo declararan adulto. Las pruebas de edad, aunque prohibidas y consideradas poco fiables, siguen realizándose, dejando a muchos menores desprotegidos.
Esto ocurre en un contexto donde la abogada Laia Costa, de la Fundación Ficat, señala que el marco jurídico de Catalunya, aunque depende de las leyes que promueven la protección de la infancia, es frecuentemente incumplido por las administraciones. Estudios recientes indican que la mezcla de menores y adultos en los centros de protección provoca incomodidad y el deseo de separar estos grupos, aunque la DGPPIA mantiene que se cumplen las normativas.
A pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones, queda claro que se necesita una coordinación efectiva entre las distintas administraciones para garantizar que los menores migrantes reciban el apoyo y la protección que necesitan al llegar a Catalunya. La falta de trámites para las autorizaciones de residencia y trabajo, que deberían completarse en un máximo de tres meses, también es una vulneración significativa que impacta a muchos jóvenes, quienes, al cumplir 18 años, pueden quedar en situación irregular.