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La realidad de los menores migrantes no acompañados en Catalunya: vulneraciones de derechos y falta de protección
A pesar del marco jurídico avanzado en Catalunya, muchos menores enfrentan pruebas de edad cuestionables y retrasos en sus permisos de residencia.
Publicado: 5 de enero de 2026, 06:14
La situación de los menores migrantes no acompañados en Catalunya es alarmante, marcada por vulneraciones de derechos fundamentales y un sistema de protección que, a pesar de contar con leyes avanzadas, falla en su implementación. Recientes informes de la Fundación Ficat y el Casal dels Infants denuncian que muchos jóvenes son sometidos a pruebas de determinación de edad, a pesar de ostentar un pasaporte válido que no ha sido impugnado. Esta práctica ha generado una serie de conflictos legales, ya que el Tribunal Supremo ha dictado 59 sentencias que validan la documentación que identifica a estos menores, enfatizando la necesidad de proteger sus derechos.
Uno de los casos emblemáticos es el de Marzoukou, un joven proveniente de Benín. A pesar de que un tribunal validó su pasaporte, enfrentó la expulsión de un centro de protección a partir de un resultado de prueba de edad. Similar es el caso de Buba, un chico de Gambia, quien fue despojado de su protección y terminó sin hogar después de que las pruebas de edad lo declararan adulto. Esto ocurre en un contexto donde la abogada Laia Costa, de la Fundación Ficat, señala que el marco jurídico de Catalunya, aunque depende de las leyes que promueven la protección de la infancia, es frecuentemente incumplido por las administraciones.
A pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones, queda claro que se necesita una coordinación efectiva entre las distintas administraciones para garantizar que los menores migrantes reciban el apoyo y la protección que necesitan al llegar a Catalunya.
Uno de los casos emblemáticos es el de Marzoukou, un joven proveniente de Benín. A pesar de que un tribunal validó su pasaporte, enfrentó la expulsión de un centro de protección a partir de un resultado de prueba de edad. Similar es el caso de Buba, un chico de Gambia, quien fue despojado de su protección y terminó sin hogar después de que las pruebas de edad lo declararan adulto. Esto ocurre en un contexto donde la abogada Laia Costa, de la Fundación Ficat, señala que el marco jurídico de Catalunya, aunque depende de las leyes que promueven la protección de la infancia, es frecuentemente incumplido por las administraciones.
A pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones, queda claro que se necesita una coordinación efectiva entre las distintas administraciones para garantizar que los menores migrantes reciban el apoyo y la protección que necesitan al llegar a Catalunya.