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La presencia del fiscal general Álvaro García Ortiz en la apertura del año judicial genera controversia entre políticos y asociaciones judiciales

Las asociaciones de jueces y fiscales solicitan su ausencia en el acto por respeto al Rey debido a su procesamiento, mientras el líder del PP justifica su plantón.

Publicado: 4 de septiembre de 2025, 12:20

La apertura del año judicial en España se convierte en un foco de controversia debido a la asistencia del fiscal general Álvaro García Ortiz, quien está procesado por un presunto delito de revelación de secretos. Las reacciones desde el ámbito político y judicial han sido intensas, destacando las críticas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha decidido no asistir, argumentando que la presencia de García Ortiz mancha la imagen del acto y somete al Rey a una tensión institucional.

Diversas asociaciones de jueces y fiscales han pronunciado su rechazo a la presencia de García Ortiz, advirtiendo que asistir sería un desprecio a los principios del Estado de Derecho y perjudicaría la credibilidad de la judicatura. Este clima de tensión se ve intensificado por los recientes acontecimientos del 'caso Koldo', donde el Tribunal Supremo ha solicitado al PSOE, al Congreso y al Parlamento de Navarra información sobre donaciones y pagos realizados por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su entorno. Según la Agencia Tributaria, Cerdán recibió del Congreso 543.656,84 euros entre 2014 y 2024, aunque las cifras en sus cuentas bancarias muestran discrepancias significativas. Este contexto plantea serias dudas sobre cómo convivirán las instituciones en un clima de confrontación y corrupción, mientras el Gobierno sigue mostrando respaldo a García Ortiz, quien afirma que su asistencia es obligatory por ley hasta que no se produzca una inhabilitación.

En medio de la tensión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado a jueces y fiscales, lo que añade más incertidumbre a la situación institucional. La controversia continúa generando un debate amplio sobre la independencia judicial y el respeto a las funciones de cada órgano del Estado, especialmente en un contexto donde se investigan los vínculos económicos de Cerdán con el PSOE y la situación patrimonial del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a raíz de la UCO.