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La precariedad del alquiler se consolida: un gran número de inquilinos no espera acceder a una vivienda propia.
Estudios revelan que el perfil de los inquilinos cambia y que las condiciones de arrendamiento profundizan las desigualdades sociales en varias ciudades.
Publicado: 26 de noviembre de 2025, 07:47
La situación del mercado de alquiler de viviendas ha alcanzado niveles alarmantes en ciudades como Madrid, Barcelona, Lisboa y Buenos Aires, donde un amplio segmento de la población se encuentra atrapado en un sistema de arrendamiento que parece no ofrecer salida hacia la propiedad. El reciente estudio del Instituto IDRA pone de manifiesto que un significativo porcentaje de inquilinos no espera heredar una vivienda que les permita dejar el alquiler. En este contexto, aproximadamente el 70% de los encuestados en Madrid y más del 80% en otras ciudades reconocen que no podrán abandonar su condición de inquilinos. El estudio también revela que menos del 5% de los inquilinos en Lisboa cree que podrá acceder a una vivienda en propiedad, mientras que solo el 23% de los inquilinos en Buenos Aires espera comprar o heredar una casa en el futuro.
Este cambio estructural en la vivienda refleja una transformación en la vida cotidiana de muchas personas que ahora consideran el alquiler como un estado permanente. El informe señala que “vivir de alquiler se ha consolidado como una condición permanente para amplias capas de la población urbana” y que cada vez más personas, especialmente aquellas en el rango de 35 a 64 años, se ven afectadas por esta realidad. Uno de los aspectos más preocupantes que destacan los informes es el estrés financiero que enfrentan los inquilinos, con un creciente número de hogares destinando más del 30% de sus ingresos a la renta. En Madrid, este esfuerzo medio ha subido de un 42% entre los contratos firmados antes de 2018 a un 53% en contratos recientes.
El informe también destaca las condiciones precarias de muchas viviendas, donde los inquilinos padecen deficientes servicios de mantenimiento. Hasta un 80% de los inquilinos manifiestan grandes deficiencias en las viviendas, como mal aislamiento térmico y acústico, y la falta de calefacción. En relación con esta situación, el Gobierno de Cataluña ha anunciado recientemente la compra de 1.064 pisos a InmoCaixa por 87,2 millones de euros, que se incorporarán al parque público como viviendas de alquiler asequible, en una iniciativa para mitigar la crisis de vivienda. Esta operación es parte de un esfuerzo más amplio para aumentar la disponibilidad de viviendas protegidas en la región, con un total esperado de aproximadamente 50.000 nuevas viviendas antes de 2030, según el presidente catalán, Salvador Illa.
La situación ha generado preocupación en diversas capas de la población, que teme el aumento de precios y la posibilidad de perder sus hogares. Las recomendaciones apuntan a desarrollar políticas que garanticen los derechos de los arrendatarios, incluyendo la regulación de precios de alquiler y medidas que resguarden la estabilidad residencial ante la crisis habitacional actual. Recientemente, se han sugerido medidas como contratos sin fecha de finalización predefinida y la prohibición de la compra especulativa de vivienda para la inversión. Asimismo, se destaca la necesidad de una mayor protección de los inquilinos frente a la precariedad y la desigualdad patrimonial que caracteriza al mercado actual.
Este cambio estructural en la vivienda refleja una transformación en la vida cotidiana de muchas personas que ahora consideran el alquiler como un estado permanente. El informe señala que “vivir de alquiler se ha consolidado como una condición permanente para amplias capas de la población urbana” y que cada vez más personas, especialmente aquellas en el rango de 35 a 64 años, se ven afectadas por esta realidad. Uno de los aspectos más preocupantes que destacan los informes es el estrés financiero que enfrentan los inquilinos, con un creciente número de hogares destinando más del 30% de sus ingresos a la renta. En Madrid, este esfuerzo medio ha subido de un 42% entre los contratos firmados antes de 2018 a un 53% en contratos recientes.
El informe también destaca las condiciones precarias de muchas viviendas, donde los inquilinos padecen deficientes servicios de mantenimiento. Hasta un 80% de los inquilinos manifiestan grandes deficiencias en las viviendas, como mal aislamiento térmico y acústico, y la falta de calefacción. En relación con esta situación, el Gobierno de Cataluña ha anunciado recientemente la compra de 1.064 pisos a InmoCaixa por 87,2 millones de euros, que se incorporarán al parque público como viviendas de alquiler asequible, en una iniciativa para mitigar la crisis de vivienda. Esta operación es parte de un esfuerzo más amplio para aumentar la disponibilidad de viviendas protegidas en la región, con un total esperado de aproximadamente 50.000 nuevas viviendas antes de 2030, según el presidente catalán, Salvador Illa.
La situación ha generado preocupación en diversas capas de la población, que teme el aumento de precios y la posibilidad de perder sus hogares. Las recomendaciones apuntan a desarrollar políticas que garanticen los derechos de los arrendatarios, incluyendo la regulación de precios de alquiler y medidas que resguarden la estabilidad residencial ante la crisis habitacional actual. Recientemente, se han sugerido medidas como contratos sin fecha de finalización predefinida y la prohibición de la compra especulativa de vivienda para la inversión. Asimismo, se destaca la necesidad de una mayor protección de los inquilinos frente a la precariedad y la desigualdad patrimonial que caracteriza al mercado actual.