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La Policía y la Fiscalía intervendrán si las comunidades autónomas no acogen a menores migrantes reubicados en España
El nuevo decreto establece un mecanismo para el traslado de jóvenes migrantes, enfrentando resistencia por parte de varias comunidades autónomas.
Publicado: 19 de julio de 2025, 11:51
El Gobierno de España está preparando un nuevo decreto que obliga a las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes no acompañados que sean reubicados desde otros territorios del país. En caso de que una comunidad se niegue a recibir a estos jóvenes, la normativa establece que los profesionales a cargo de los menores podrán solicitar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que pondrán la situación en conocimiento de la Fiscalía. Este decreto se prevé aprobar en el próximo Consejo de Ministros el 22 de julio.
Este mecanismo de reubicación surge en respuesta a la crítica situación que enfrentan las Islas Canarias, que actualmente albergan a alrededor de 5.500 jóvenes que han llegado sin compañía. Hasta la fecha, ya se había establecido un real decreto ley el pasado 18 de marzo que modificó la ley de extranjería para crear este proceso. El nuevo modelo introduce, por primera vez, la obligación para que las comunidades se hagan cargo de los menores en función de criterios como la población y la renta per cápita. Sin embargo, la norma ha recibido un fuerte rechazo por parte de varias comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, que han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional.
El protocolo delineado en el decreto reciente aclarará cómo se llevarán a cabo los traslados de los jóvenes migrantes, con la esperanza de comenzar estos movimientos a partir del 28 de agosto. Además, la norma establece responsabilidades claras para las comunidades en el proceso de traslado, las cuales serán financiadas por el Estado a través de un fondo asignado de 100 millones de euros. Las autoridades del Gobierno esperan que este proceso no se lleve a cabo de manera abrupta, con traslados gradual de los menores para no saturar los recursos de las comunidades receptoras.
Este mecanismo de reubicación surge en respuesta a la crítica situación que enfrentan las Islas Canarias, que actualmente albergan a alrededor de 5.500 jóvenes que han llegado sin compañía. Hasta la fecha, ya se había establecido un real decreto ley el pasado 18 de marzo que modificó la ley de extranjería para crear este proceso. El nuevo modelo introduce, por primera vez, la obligación para que las comunidades se hagan cargo de los menores en función de criterios como la población y la renta per cápita. Sin embargo, la norma ha recibido un fuerte rechazo por parte de varias comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, que han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional.
El protocolo delineado en el decreto reciente aclarará cómo se llevarán a cabo los traslados de los jóvenes migrantes, con la esperanza de comenzar estos movimientos a partir del 28 de agosto. Además, la norma establece responsabilidades claras para las comunidades en el proceso de traslado, las cuales serán financiadas por el Estado a través de un fondo asignado de 100 millones de euros. Las autoridades del Gobierno esperan que este proceso no se lleve a cabo de manera abrupta, con traslados gradual de los menores para no saturar los recursos de las comunidades receptoras.