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La Policía Nacional desarticula una organización criminal detrás de un megafraude de 300 millones en hidrocarburos
La operación reveló un taller clandestino de armas y una red de blanqueo de capitales vinculada a Biomar Oil.
Publicado: 19 de diciembre de 2025, 12:06
La reciente operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha destapado uno de los mayores fraudes por IVA en el sector de hidrocarburos, asociado a la empresa Biomar Oil, resultando en la detención de ocho personas y la investigación de otras diez. Se ha descubierto un taller clandestino donde se encontraron armas y equipo militar, así como una estructura criminal que manipulaba el mercado ofreciendo productos a precios bajos al evadir obligaciones fiscales.
Se estima que el fraude asciende a cerca de 300 millones de euros entre 2023 y 2024, debido a incumplimientos fiscales que llevaron a la organización a vender combustibles ilegalmente a precios competitivos. La operación resultó en la incautación de más de 130.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama, y otros activos financieros que suman más de 14 millones de euros. Los registros realizados evidencian una estructura criminal bien organizada con jerarquía y testaferros para ocultar sus actividades ilegales.
La investigación inició a principios de 2023 al detectar movimientos irregulares en el sector petrolero, lo que provocó una preocupación a nivel estatal. Esta organización criminal representaba un gran riesgo tanto para el sector como para las finanzas públicas, costando al Estado alrededor de 40 millones de euros en impagos relacionados con biocarburantes.
Se estima que el fraude asciende a cerca de 300 millones de euros entre 2023 y 2024, debido a incumplimientos fiscales que llevaron a la organización a vender combustibles ilegalmente a precios competitivos. La operación resultó en la incautación de más de 130.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama, y otros activos financieros que suman más de 14 millones de euros. Los registros realizados evidencian una estructura criminal bien organizada con jerarquía y testaferros para ocultar sus actividades ilegales.
La investigación inició a principios de 2023 al detectar movimientos irregulares en el sector petrolero, lo que provocó una preocupación a nivel estatal. Esta organización criminal representaba un gran riesgo tanto para el sector como para las finanzas públicas, costando al Estado alrededor de 40 millones de euros en impagos relacionados con biocarburantes.