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La Policía investiga la filtración de datos personales de Ayuso, Moreno y otros presidentes autonómicos como represalia por el accidente ferroviario.
Los 'hackers' han difundido información sensible de diversas figuras políticas, generando alarma en el ámbito de la seguridad cibernética.
Publicado: 27 de enero de 2026, 11:52
La Policía Nacional ha iniciado una investigación sobre una reciente filtración de datos personales que afecta a varios altos cargos del Gobierno y presidentes autonómicos, incluyendo al ministro de Transportes, Óscar Puente, y varios presidentes de comunidades autónomas, como Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla. En total, se han reportado filtraciones que impactan a cerca de medio centenar (43, en concreto) de cargos públicos de distintas comunidades autónomas. La situación ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad cibernética, especialmente tras la tragedia ferroviaria de Adamuz.
Los hackers son responsables de las filtraciones, utilizando redes sociales para difundir información personal, incluyendo datos sensibles de varios funcionarios. Fuentes policiales sostienen que estos datos podrían haber sido hackeados hace tiempo y que son compartidos periódicamente, aprovechando el contexto de la tragedia actual. La información publicada incluye nombres y apellidos, direcciones, números de teléfono y DNI de presidentes autonómicos y altos cargos del transporte.
El hacker bajo el alias Vindex ha hecho públicas estas informaciones en dos fases, y su acción es considerada por él mismo como una represalia al considerarlos culpables del siniestro. En paralelo, otro hacker, conocido como Eurogosth, también ha filtrado datos sensibles de otros altos cargos y presidentes autonómicos, revelando datos personales como domicilios y teléfonos. Esto ha generado inquietud no solo entre los implicados, sino también en la población general frente al acceso a datos personales.
La Policía continúa investigando estos delitos, que pueden considerarse graves bajo la reforma del Código Penal de 2015. Las autoridades han advertido que este tipo de acciones podrían ser investigadas también como delitos de terrorismo si se determina que buscan desestabilizar instituciones o presionar a los poderes públicos. La comunidad política y los ciudadanos están preocupados por las implicaciones de estos actos en la privacidad y la seguridad personal, dada la naturaleza cada vez más digitalizada del entorno actual.
Los hackers son responsables de las filtraciones, utilizando redes sociales para difundir información personal, incluyendo datos sensibles de varios funcionarios. Fuentes policiales sostienen que estos datos podrían haber sido hackeados hace tiempo y que son compartidos periódicamente, aprovechando el contexto de la tragedia actual. La información publicada incluye nombres y apellidos, direcciones, números de teléfono y DNI de presidentes autonómicos y altos cargos del transporte.
El hacker bajo el alias Vindex ha hecho públicas estas informaciones en dos fases, y su acción es considerada por él mismo como una represalia al considerarlos culpables del siniestro. En paralelo, otro hacker, conocido como Eurogosth, también ha filtrado datos sensibles de otros altos cargos y presidentes autonómicos, revelando datos personales como domicilios y teléfonos. Esto ha generado inquietud no solo entre los implicados, sino también en la población general frente al acceso a datos personales.
La Policía continúa investigando estos delitos, que pueden considerarse graves bajo la reforma del Código Penal de 2015. Las autoridades han advertido que este tipo de acciones podrían ser investigadas también como delitos de terrorismo si se determina que buscan desestabilizar instituciones o presionar a los poderes públicos. La comunidad política y los ciudadanos están preocupados por las implicaciones de estos actos en la privacidad y la seguridad personal, dada la naturaleza cada vez más digitalizada del entorno actual.