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La oposición en Andalucía reclama una comisión de investigación por los fallos en el cribado de cáncer de mama que afectan a miles de mujeres
Los grupos Socialista, Por Andalucía y Adelante Andalucía buscan esclarecer y abordar la crisis en el sistema de salud ante la alarmante situación.
Publicado: 8 de octubre de 2025, 14:43
La crisis sanitaria que rodea al programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía ha llevado a los grupos de oposición de izquierda a solicitar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. Este pedido fue registrado de forma conjunta por el Partido Socialista (PSOE), Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, quienes argumentan que es necesario investigar las demoras en la comunicación de resultados que han afectado a unas 2.000 mujeres.
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, fue uno de los primeros en plantear la necesidad de esta investigación, subrayando que el Gobierno, liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla del Partido Popular, ha minimizado inicialmente la magnitud del problema. La presión sobre el Gobierno andaluz ha ido en aumento, especialmente tras la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández Soto, quien renunció en medio de la crisis provocada por los fallos en los cribados. Esta decisión se produjo después de que la Junta admitiera la existencia de atrasos en la entrega de resultados, que estaban generando indignación y, en algunos casos, resultaron en diagnósticos tardíos de cáncer en varias pacientes.
El documento registrado por las tres fuerzas políticas plantea la necesidad de determinar el alcance numérico de las mujeres afectadas y esclarecer cómo las alertas de las asociaciones fueron desoídas. Además, critican al presidente Moreno Bonilla por no ofrecer respuestas claras y por implementar estrategias desinformativas para lidiar con la creciente indignación social. Se ha revelado que, según el presidente, el problema se circunscribe a un área del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
La creación de esta comisión de investigación se vuelve esencial para restaurar la confianza en el sistema sanitario público y abordar la crisis que amenaza a muchas pacientes. Asimismo, se ha anunciado un plan de choque para llamar a las 2.000 mujeres afectadas y realizar nuevas pruebas antes del 30 de noviembre, asegurando que la comunicación de los resultados se hará de manera más ágil y efectiva en el futuro, siguiendo protocolos similares a los de otras comunidades que ya cuentan con normativas establecidas para evitar estos problemas.
Esta situación resalta la urgente necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos y el compromiso de garantizar la seguridad de las pacientes dentro del sistema de salud.
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, fue uno de los primeros en plantear la necesidad de esta investigación, subrayando que el Gobierno, liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla del Partido Popular, ha minimizado inicialmente la magnitud del problema. La presión sobre el Gobierno andaluz ha ido en aumento, especialmente tras la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández Soto, quien renunció en medio de la crisis provocada por los fallos en los cribados. Esta decisión se produjo después de que la Junta admitiera la existencia de atrasos en la entrega de resultados, que estaban generando indignación y, en algunos casos, resultaron en diagnósticos tardíos de cáncer en varias pacientes.
El documento registrado por las tres fuerzas políticas plantea la necesidad de determinar el alcance numérico de las mujeres afectadas y esclarecer cómo las alertas de las asociaciones fueron desoídas. Además, critican al presidente Moreno Bonilla por no ofrecer respuestas claras y por implementar estrategias desinformativas para lidiar con la creciente indignación social. Se ha revelado que, según el presidente, el problema se circunscribe a un área del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
La creación de esta comisión de investigación se vuelve esencial para restaurar la confianza en el sistema sanitario público y abordar la crisis que amenaza a muchas pacientes. Asimismo, se ha anunciado un plan de choque para llamar a las 2.000 mujeres afectadas y realizar nuevas pruebas antes del 30 de noviembre, asegurando que la comunicación de los resultados se hará de manera más ágil y efectiva en el futuro, siguiendo protocolos similares a los de otras comunidades que ya cuentan con normativas establecidas para evitar estos problemas.
Esta situación resalta la urgente necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos y el compromiso de garantizar la seguridad de las pacientes dentro del sistema de salud.