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La ONU incluye a cuatro empresas españolas en su lista de firmas que operan en asentamientos ilegales en Cisjordania
La Aeronáutica y el Infraestructura se ven afectadas, mientras las empresas evalúan su continuidad en proyectos en Israel.
Publicado: 26 de septiembre de 2025, 19:43
La reciente actualización de la lista de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha revelado que cuatro empresas españolas se encuentran operando en asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada por Israel. Estas firmas, Actividades de Construcción y Servicios (ACS), la Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), e Ingeniería y Economía del Transporte (INECO), han sido incluidas en una lista que ha crecido a un total de 158 empresas, en su mayoría israelíes.
La inclusión en esta lista no conlleva sanciones directas, pero la ONU insta a estas empresas a actuar adecuadamente para mitigar el impacto en los derechos humanos que sus actividades pueden ocasionar. INECO ha decidido renunciar a futuras oportunidades de negocio en Israel tras los atentados de octubre de 2023, mientras que ACS y CAF han defendido sus operaciones como legales, lo que ha suscitado un debate público sobre la ética empresarial y la responsabilidad institucional en zonas en conflicto.
El debate también se ha intensificado en el contexto de la presión sobre el gobierno español para adoptar una postura más firme respecto a los derechos humanos en Gaza, lo que destaca la relevancia de la inclusión de estas empresas en la lista de la ONU y las implicaciones legales de operar en territorios disputados.
La inclusión en esta lista no conlleva sanciones directas, pero la ONU insta a estas empresas a actuar adecuadamente para mitigar el impacto en los derechos humanos que sus actividades pueden ocasionar. INECO ha decidido renunciar a futuras oportunidades de negocio en Israel tras los atentados de octubre de 2023, mientras que ACS y CAF han defendido sus operaciones como legales, lo que ha suscitado un debate público sobre la ética empresarial y la responsabilidad institucional en zonas en conflicto.
El debate también se ha intensificado en el contexto de la presión sobre el gobierno español para adoptar una postura más firme respecto a los derechos humanos en Gaza, lo que destaca la relevancia de la inclusión de estas empresas en la lista de la ONU y las implicaciones legales de operar en territorios disputados.