Progresista 36.4%Conservador 63.6%
La ONU advierte sobre la 'farsa' electoral en Myanmar mientras la junta militar busca legitimidad en medio de la represión
Las elecciones programadas se desarrollan en un contexto de violencia y con la ausencia de líderes opositores, lo que plantea dudas sobre su legitimidad.
Publicado: 27 de diciembre de 2025, 17:14
Este 28 de diciembre, Myanmar se prepara para unas elecciones generales, convocadas por la junta militar que tomó el poder tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021. La comunidad internacional, encabezada por la ONU y organizaciones prodemocracia, ha instado a no reconocer estos comicios, tachándolos de 'fraudulentos'. Argumentan que las elecciones no cumplen con las condiciones mínimas de un proceso democrático, ya que se han excluido a la mayoría de los partidos políticos y se ha restringido la libertad de expresión y de reunión.
Las críticas se intensifican cuando se considera que el contexto actual de conflicto civil y represión no permite que estas elecciones sean reflejo del verdadero deseo del pueblo. Se estima que más de 22,600 personas están encarceladas por motivos políticos, y se reportan violaciones graves de derechos humanos, incluyendo ataques a la población civil y represión de disidentes. Aung San Suu Kyi, figura emblemática de la oposición y líder de la Liga Nacional para la Democracia (LND), continúa bajo arresto cumpliendo una condena de 27 años por diversos cargos considerados de motivación política.
Desde el inicio de la campaña electoral, la junta ha llevado a cabo más de un centenar de detenciones de ciudadanos que se oponen al proceso de votación, en un contexto donde la violencia ha aumentado y el control militar se ha extendido por el territorio. Esta acción ha sido duramente criticada por defensores de los derechos humanos, quienes señalaron que la nueva Ley de Protección Electoral busca silenciar a aquellos que intentan boicotear el proceso. Con la violencia en aumento y el control militar extendido sobre el territorio, se estima que al menos 65 localidades no podrán participar en las elecciones debido a los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y grupos rebeldes. La junta militar ha convenido celebrar otras dos jornadas de votación, el 11 y el 25 de enero, para abarcar la mayor cantidad de localidades posibles. Sin embargo, al menos 56 municipios han quedado excluidos del proceso electoral, pues no están controlados por el Ejército.
A pesar de la exclusión de las principales formaciones opositoras, se espera que cerca de 4,963 candidatos de 57 partidos participen, aunque solo unos pocos tienen chances de éxito real. Esta situación es crítica, pues se prevé que el Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP), afín a los militares, obtenga una victoria que muchos analistas consideran como un obstáculo para cualquier transición hacia un gobierno civil.
Las necesidades humanas siguen siendo alarmantes, con un tercio de la población que enfrenta una crisis humanitaria tras el reciente terremoto de magnitud 7.7 que dejó miles de muertos y una devastación generalizada. Activistas han señalado que luchan contra una represión severa, que ha llevado a la muerte de más de 7,600 civiles a manos de las fuerzas de seguridad desde el inicio del golpe. La ONU ha denunciado el uso violento de la fuerza por la junta para obligar a la población a votar, y se estima que más de 22,694 personas siguen presas por razones políticas. Voces de la oposición sostienen que este proceso electoral no será libre ni justo.
Las críticas se intensifican cuando se considera que el contexto actual de conflicto civil y represión no permite que estas elecciones sean reflejo del verdadero deseo del pueblo. Se estima que más de 22,600 personas están encarceladas por motivos políticos, y se reportan violaciones graves de derechos humanos, incluyendo ataques a la población civil y represión de disidentes. Aung San Suu Kyi, figura emblemática de la oposición y líder de la Liga Nacional para la Democracia (LND), continúa bajo arresto cumpliendo una condena de 27 años por diversos cargos considerados de motivación política.
Desde el inicio de la campaña electoral, la junta ha llevado a cabo más de un centenar de detenciones de ciudadanos que se oponen al proceso de votación, en un contexto donde la violencia ha aumentado y el control militar se ha extendido por el territorio. Esta acción ha sido duramente criticada por defensores de los derechos humanos, quienes señalaron que la nueva Ley de Protección Electoral busca silenciar a aquellos que intentan boicotear el proceso. Con la violencia en aumento y el control militar extendido sobre el territorio, se estima que al menos 65 localidades no podrán participar en las elecciones debido a los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y grupos rebeldes. La junta militar ha convenido celebrar otras dos jornadas de votación, el 11 y el 25 de enero, para abarcar la mayor cantidad de localidades posibles. Sin embargo, al menos 56 municipios han quedado excluidos del proceso electoral, pues no están controlados por el Ejército.
A pesar de la exclusión de las principales formaciones opositoras, se espera que cerca de 4,963 candidatos de 57 partidos participen, aunque solo unos pocos tienen chances de éxito real. Esta situación es crítica, pues se prevé que el Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP), afín a los militares, obtenga una victoria que muchos analistas consideran como un obstáculo para cualquier transición hacia un gobierno civil.
Las necesidades humanas siguen siendo alarmantes, con un tercio de la población que enfrenta una crisis humanitaria tras el reciente terremoto de magnitud 7.7 que dejó miles de muertos y una devastación generalizada. Activistas han señalado que luchan contra una represión severa, que ha llevado a la muerte de más de 7,600 civiles a manos de las fuerzas de seguridad desde el inicio del golpe. La ONU ha denunciado el uso violento de la fuerza por la junta para obligar a la población a votar, y se estima que más de 22,694 personas siguen presas por razones políticas. Voces de la oposición sostienen que este proceso electoral no será libre ni justo.