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La obligatoriedad de evaluar riesgos laborales para empleadas del hogar en España entra en vigor con flexibilidad ante fallos técnicos
La Inspección de Trabajo otorgará días de margen para cumplir con la normativa tras un ataque cibernético que afectó la web habilitada.
Publicado: 14 de noviembre de 2025, 20:49
Desde el 14 de noviembre de 2025, las familias en España que emplean trabajadoras del hogar están obligadas a evaluar los riesgos laborales en sus domicilios, según lo estipulado en el Real Decreto 893/2024. Esto implica que los empleadores deben completar un cuestionario a través de la web oficial ‘Prevencion10.es’. Debido a un ataque cibernético que afectó esta plataforma, la Inspección de Trabajo ha otorgado un periodo de gracia para quienes no hayan podido cumplir con sus obligaciones.
Las multas por incumplimiento pueden oscilar entre los 2,451 y 49,180 euros, dependiendo de la gravedad del caso. Este avance busca mejorar la protección de un sector laboral históricamente vulnerado, donde aproximadamente un 80% de las empleadas son mujeres. Sin embargo, la normativa también ha generado preocupaciones entre los empleadores por la falta de apoyo para adaptarse a las nuevas exigencias en un contexto de crisis laboral.
A pesar de que la normativa entra en vigor, su implementación plantea interrogantes, ya que aún faltan programas de formación y protocolos sobre acoso laboral. El Ministerio de Trabajo, sin embargo, ha subrayado que existe la intención de garantizar los derechos laborales del colectivo femenino trabajador y no un enfoque recaudatorio.
Las multas por incumplimiento pueden oscilar entre los 2,451 y 49,180 euros, dependiendo de la gravedad del caso. Este avance busca mejorar la protección de un sector laboral históricamente vulnerado, donde aproximadamente un 80% de las empleadas son mujeres. Sin embargo, la normativa también ha generado preocupaciones entre los empleadores por la falta de apoyo para adaptarse a las nuevas exigencias en un contexto de crisis laboral.
A pesar de que la normativa entra en vigor, su implementación plantea interrogantes, ya que aún faltan programas de formación y protocolos sobre acoso laboral. El Ministerio de Trabajo, sin embargo, ha subrayado que existe la intención de garantizar los derechos laborales del colectivo femenino trabajador y no un enfoque recaudatorio.