Progresista 74.43%Conservador 25.57%
La nueva política migratoria de la UE: ¿una respuesta a la presión de la extrema derecha o una amenaza a los derechos humanos?
Tras el reciente acuerdo para crear centros de deportación de migrantes fuera del territorio comunitario, expertos advierten sobre su impacto humanitario.
Publicado: 15 de diciembre de 2025, 01:46
Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado la creación de centros de deportación de migrantes fuera de su territorio, siguiendo el modelo implementado por Italia en Albania. Esta política, aprobada el 8 de diciembre, busca gestionar de manera más efectiva el flujo de migrantes en un contexto marcado por el auge de la extrema derecha y la normalización de discursos antiinmigración. A través de convenios con naciones terceras consideradas 'seguros', esta medida podría llevar a violaciones de derechos humanos, según expertos que advierten sobre un 'entorno cada vez más autoritario'.
Además de acelerar las deportaciones, las nuevas normas han recortado las cuotas de reubicación de migrantes, apaciguando así la presión electoral de partidos de extrema derecha que exigen políticas migratorias más restrictivas. Esto ha desatado inquietudes en países como España, que ven amenazados los derechos fundamentales de los migrantes. Organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado estas medidas, argumentando que legitimizan un sistema que podría resultar en condiciones de vida inadecuadas y detenciones arbitrarias.
La nueva legislación contempla, además, facilitar la deportación de inmigrantes incluso a países con los que no tienen vínculo directo, abriendo la puerta a la creación de una lista de países de origen seguros como Bangladesh, Kosovo y Marruecos. En este contexto, el profesor de Ciencias Políticas de la UPF, Ricard Zapata, ha afirmado que estas políticas "no están guiadas por los valores fundacionales de la UE". La codirectora de la Comisión Catalana de Acción para los Refugiados, Dilara Ekmen, expresó preocupaciones sobre las detenciones arbitrarias en dichas naciones, subrayando que esto son "noticias desastrosas" para los derechos humanos.
Por último, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto un aumento en el personal de la agencia europea Frontex para reforzar la vigilancia en las fronteras, triplicándolo hasta alcanzar 30.000 efectivos. Esta estrategia marca un cambio hacia una política migratoria más dura que contradice los valores fundacionales de la Unión Europea. Von der Leyen ha declarado que, además, se busca forjar alianzas con empresas de transporte aéreo para frenar la inmigración irregular, lo que podría incluir sanciones más severas a los traficantes de personas, reflejando el endurecimiento general de las posturas migratorias de la UE.
Además de acelerar las deportaciones, las nuevas normas han recortado las cuotas de reubicación de migrantes, apaciguando así la presión electoral de partidos de extrema derecha que exigen políticas migratorias más restrictivas. Esto ha desatado inquietudes en países como España, que ven amenazados los derechos fundamentales de los migrantes. Organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado estas medidas, argumentando que legitimizan un sistema que podría resultar en condiciones de vida inadecuadas y detenciones arbitrarias.
La nueva legislación contempla, además, facilitar la deportación de inmigrantes incluso a países con los que no tienen vínculo directo, abriendo la puerta a la creación de una lista de países de origen seguros como Bangladesh, Kosovo y Marruecos. En este contexto, el profesor de Ciencias Políticas de la UPF, Ricard Zapata, ha afirmado que estas políticas "no están guiadas por los valores fundacionales de la UE". La codirectora de la Comisión Catalana de Acción para los Refugiados, Dilara Ekmen, expresó preocupaciones sobre las detenciones arbitrarias en dichas naciones, subrayando que esto son "noticias desastrosas" para los derechos humanos.
Por último, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto un aumento en el personal de la agencia europea Frontex para reforzar la vigilancia en las fronteras, triplicándolo hasta alcanzar 30.000 efectivos. Esta estrategia marca un cambio hacia una política migratoria más dura que contradice los valores fundacionales de la Unión Europea. Von der Leyen ha declarado que, además, se busca forjar alianzas con empresas de transporte aéreo para frenar la inmigración irregular, lo que podría incluir sanciones más severas a los traficantes de personas, reflejando el endurecimiento general de las posturas migratorias de la UE.