La negativa de Ayuso a crear un registro de objetores al aborto y la situación en el Hospital de Sant Pau generan preocupación en España

El debate sobre el aborto en España se intensifica con la reciente denuncia del Ministerio de Sanidad contra la Comunidad de Madrid por su negativa a establecer un registro de objetores al aborto, una obligación contemplada por la ley estatal. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha argumentado que el registro infringiría la libertad de los profesionales sanitarios, calificando la norma de 'sectaria' y 'dictatorial'. Sin embargo, el registro es un documento anónimo cuyo objetivo es facilitar la atención a mujeres que deseen interrumpir su embarazo, garantizando así su derecho a acceder a estos servicios.

La denuncia del Ministerio, liderado por Mónica García, subraya que más del 99% de los abortos en Madrid se realizan en la sanidad privada, lo que dificulta el acceso a este derecho. Asimismo, el comité clínico que evalúa casos cruciales ha seguido sin rendir cuentas sobre su imparcialidad, dado que está compuesto únicamente por hombres. Este contexto ha llevado a un incremento de la presión política y social, especialmente por parte del PSOE, que exige mayor transparencia sobre la objeción en los procesos de interrupción del embarazo.

Paralelamente, el Hospital de Sant Pau en Barcelona ha sido objeto de críticas por no realizar abortos desde 2012 debido a presiones religiosas. Activistas feministas han denunciado su objeción de conciencia como coercitiva e ilegal, resaltando que esta situación repercute negativamente en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en la comunidad. A pesar de las disposiciones legales desde 2010 que permiten el aborto gratuito en Cataluña, las acciones de las activistas han evidenciado que el hospital sigue sin ofrecer estos servicios, lo que agrava la situación de las mujeres en el área.