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La moratoria de Verifactu desata polémica entre pymes y expertos tras su aplazamiento un año por parte de Hacienda
La decisión del Gobierno genera críticas y alivio, evidenciando descontento interno en la Agencia Tributaria y diversas reacciones entre empresarios.
Publicado: 7 de diciembre de 2025, 11:54
La reciente decisión del Gobierno de España de aplazar un año la implementación del sistema Verifactu ha provocado un gran revuelo entre las pymes, autónomos y en el propio seno de la Agencia Tributaria. Este nuevo sistema tiene como finalidad permitir que cada factura genere un registro accesible para la Agencia, evitando modificaciones o borrados. Sin embargo, este retraso ha generado críticas que perciben que afecta la confianza de las empresas y la capacidad del Gobierno para implementar una reforma necesaria.
El aplazamiento, anunciado por el Consejo de Ministros, busca facilitar a las empresas y profesionales cumplir con sus obligaciones fiscales. Inicialmente programado para 2026, ahora se extiende a 2027, lo que ha generado reacciones divergentes entre asociaciones. Mientras algunas organizaciones recibieron la noticia con alivio, otras manifestaron severas críticas, argumentando que el cambio constante de decisiones crea desconfianza y contribuye a la inseguridad jurídica, especialmente luego del descontento expresado por inspectores de Hacienda, quienes lamentaron la falta de comunicación sobre el aplazamiento.
El descontento también proviene de la Agencia Tributaria, donde algunos inspectores expresaron su frustración por el retraso, señalando que tenían todo listo para la implementación del sistema. El inspector Javier Hurtado fue claro al disculparse en redes sociales, indicando que la decisión de aplazar la moratoria respondía a consideraciones externas al propio proyecto y afirmando que más de 40.000 empresas ya estaban enviando datos a través de Verifactu. No obstante, algunos empresarios ven la moratoria como una oportunidad para prepararse mejor sin comprometer su viabilidad económica. La falta de planificación previa es un punto de crítica que evidencia la necesidad de comunicación efectiva y un cronograma realista por parte de la Administración.
El aplazamiento ha sido respaldado por organismos como Cepyme y ATA, que lo consideran un alivio, pero ha suscitado críticas de UPTA y Uatae, que lo calificaron de despropósito. Por otro lado, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha mostrado preocupación por el mensaje negativo que transmite el aplazamiento, así como el impacto que tendrá en los costos y en la organización de las empresas que ya se habían adaptado a las nuevas normativas. La decisión ha generado tensiones internas por la falta de aviso a los técnicos de Hacienda, quienes han manifestado que esta moratoria podría debilitar la confianza en el marco normativo existente. Por otro lado, la prórroga ha sido defendida por el Gobierno, que asegura que permite una instalación más ordenada y segura del sistema Verifactu, cuya responsabilidad recae principalmente en los desarrolladores de software. Las reacciones están divididas, pero resuenan las voces que piden una gestión más estratégica y coherente de la política fiscal para evitar futuros contratiempos.
El aplazamiento, anunciado por el Consejo de Ministros, busca facilitar a las empresas y profesionales cumplir con sus obligaciones fiscales. Inicialmente programado para 2026, ahora se extiende a 2027, lo que ha generado reacciones divergentes entre asociaciones. Mientras algunas organizaciones recibieron la noticia con alivio, otras manifestaron severas críticas, argumentando que el cambio constante de decisiones crea desconfianza y contribuye a la inseguridad jurídica, especialmente luego del descontento expresado por inspectores de Hacienda, quienes lamentaron la falta de comunicación sobre el aplazamiento.
El descontento también proviene de la Agencia Tributaria, donde algunos inspectores expresaron su frustración por el retraso, señalando que tenían todo listo para la implementación del sistema. El inspector Javier Hurtado fue claro al disculparse en redes sociales, indicando que la decisión de aplazar la moratoria respondía a consideraciones externas al propio proyecto y afirmando que más de 40.000 empresas ya estaban enviando datos a través de Verifactu. No obstante, algunos empresarios ven la moratoria como una oportunidad para prepararse mejor sin comprometer su viabilidad económica. La falta de planificación previa es un punto de crítica que evidencia la necesidad de comunicación efectiva y un cronograma realista por parte de la Administración.
El aplazamiento ha sido respaldado por organismos como Cepyme y ATA, que lo consideran un alivio, pero ha suscitado críticas de UPTA y Uatae, que lo calificaron de despropósito. Por otro lado, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha mostrado preocupación por el mensaje negativo que transmite el aplazamiento, así como el impacto que tendrá en los costos y en la organización de las empresas que ya se habían adaptado a las nuevas normativas. La decisión ha generado tensiones internas por la falta de aviso a los técnicos de Hacienda, quienes han manifestado que esta moratoria podría debilitar la confianza en el marco normativo existente. Por otro lado, la prórroga ha sido defendida por el Gobierno, que asegura que permite una instalación más ordenada y segura del sistema Verifactu, cuya responsabilidad recae principalmente en los desarrolladores de software. Las reacciones están divididas, pero resuenan las voces que piden una gestión más estratégica y coherente de la política fiscal para evitar futuros contratiempos.