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La Manada de Castelldefels: cinco hombres condenados a penas mínimas tras un pacto judicial por violar a tres mujeres
Los acusados reconocen los hechos y aceptan indemnizar a las víctimas en un caso que ha despertado gran controversia.
Publicado: 16 de septiembre de 2025, 12:28
Los cinco hombres conocidos como parte de la Manada de Castelldefels han sido condenados a penas que oscilan entre tres años y once meses y ocho años y cinco meses de prisión, un acuerdo que se aleja drásticamente de la solicitud inicial de la Fiscalía que aspiraba a 196 años en total. Este acuerdo ha sido alcanzado con la Fiscalía y las acusaciones particulares antes del inicio del juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona, donde todos los procesados han asumido su culpabilidad en un caso señalado por las agresiones sufridas por tres mujeres durante el año 2021.
Las agresiones fueron cometidas en un contexto de restricciones sanitarias por la pandemia, donde los acusados, a través de un grupo de WhatsApp denominado K-Team Manada, invitaban a las víctimas a encuentros con la intención de abusar de ellas. Los mensajes del grupo evidenciaron una preocupante normalización de la violencia sexual dentro de sus interacciones, haciendo alusión al caso de la Manada de Pamplona, y seleccionando a las víctimas por su vulnerabilidad debido a baja autoestima o circunstancias personales. En una reciente sentencia formalizada, los acusados han reconocido que las agresiones sexuales se llevaron a cabo entre marzo y mayo de 2021, y que el Tribunal ha destacado la creación de un clima de sometimiento en el piso donde se cometieron dichas agresiones. Este acto de justicia ha despertado un debate sobre la efectividad de las penas y el tratamiento judicial de los casos de violencia sexual en España, resaltando la necesidad de reformas que prevengan la impunidad de los agresores y protejan a las víctimas de la violencia de género. Las indemnizaciones pactadas, que suman entre 30.000 y 37.827 euros para cada víctima, han sido claves en el acuerdo alcanzado, evitando así un juicio que podría haber revictimizado a las mujeres durante el proceso judicial. Además, el Tribunal ha recibido con preocupación las crisis postraumáticas sufridas por algunas de las víctimas. La Fiscalía ha explicado que uno de los motivos del pacto fue la necesidad de proteger a las víctimas, que no tuvieron que repetir en sala los detalles de las agresiones después de más de cuatro años, ya que no se conservaron las grabaciones iniciales de sus declaraciones. El pacto ha incluido la renuncia a otros delitos más graves, como la revelación de secretos, relacionada con el envío de vídeos de las violaciones, y ha generado un abrumador debate público sobre las implicancias de la justicia en estos casos de agresiones agrupados bajo contextos de vulnerabilidad.
Las agresiones fueron cometidas en un contexto de restricciones sanitarias por la pandemia, donde los acusados, a través de un grupo de WhatsApp denominado K-Team Manada, invitaban a las víctimas a encuentros con la intención de abusar de ellas. Los mensajes del grupo evidenciaron una preocupante normalización de la violencia sexual dentro de sus interacciones, haciendo alusión al caso de la Manada de Pamplona, y seleccionando a las víctimas por su vulnerabilidad debido a baja autoestima o circunstancias personales. En una reciente sentencia formalizada, los acusados han reconocido que las agresiones sexuales se llevaron a cabo entre marzo y mayo de 2021, y que el Tribunal ha destacado la creación de un clima de sometimiento en el piso donde se cometieron dichas agresiones. Este acto de justicia ha despertado un debate sobre la efectividad de las penas y el tratamiento judicial de los casos de violencia sexual en España, resaltando la necesidad de reformas que prevengan la impunidad de los agresores y protejan a las víctimas de la violencia de género. Las indemnizaciones pactadas, que suman entre 30.000 y 37.827 euros para cada víctima, han sido claves en el acuerdo alcanzado, evitando así un juicio que podría haber revictimizado a las mujeres durante el proceso judicial. Además, el Tribunal ha recibido con preocupación las crisis postraumáticas sufridas por algunas de las víctimas. La Fiscalía ha explicado que uno de los motivos del pacto fue la necesidad de proteger a las víctimas, que no tuvieron que repetir en sala los detalles de las agresiones después de más de cuatro años, ya que no se conservaron las grabaciones iniciales de sus declaraciones. El pacto ha incluido la renuncia a otros delitos más graves, como la revelación de secretos, relacionada con el envío de vídeos de las violaciones, y ha generado un abrumador debate público sobre las implicancias de la justicia en estos casos de agresiones agrupados bajo contextos de vulnerabilidad.