La lucha por la protección social en Madrid: derechos de víctimas de violencia y el caso de las residencias durante la pandemia

En la Comunidad de Madrid, la gestión del gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso ha sido objeto de críticas en diversos ámbitos relacionados con la protección social. Dos de las situaciones más emblemáticas que han emergido son el caso de las miles de muertes en residencias durante la pandemia de COVID-19 y la reciente falta de atención establecida hacia las víctimas de violencia sexual.

El llamado “caso residencias” ha cobrado nueva vida debido a las declaraciones de ex altos cargos implicados en la crisis de atención médica durante la pandemia. Más de 7.200 personas murieron en residencias sin recibir atención hospitalaria, siendo este un punto de inflexión en la lucha judicial liderada por familias que han perdido a sus seres queridos. Carmen López, una de las representantes de la Marea de Residencias, ha estado al frente de esta pelea legal, buscando que se tomen en cuenta las demandas de justicia en relación a la negligencia que resultó en estas muertes.

Por otro lado, el reciente rechazo de la Comunidad de Madrid a seguir las directrices del Ministerio de Igualdad en la protección a víctimas de violencia sexual ha generado fuerte controversia. A diferencia de otras comunidades autónomas que han accedido a la creación de un registro de recursos y apoyo sin necesidad de una denuncia, Madrid se ha negado a seguir este protocolo, lo que pone en riesgo la protección y los derechos de las víctimas. Este doble escenario pone en evidencia las posturas del gobierno de Ayuso en temas críticos de derechos humanos y atención social.