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La Ley ELA promete ayudas significativas, pero pacientes continúan sin recibir soporte requerido trece meses después de su aprobación.
Las nuevas ayudas para personas con ELA se implementan lentamente mientras las asociaciones claman por un compromiso gubernamental efectivo.
Publicado: 13 de enero de 2026, 02:07
La Ley de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que entró en vigor el 31 de octubre de 2024, tenía como objetivo proporcionar un paquete integral de ayudas para atender las necesidades de las personas diagnosticadas con esta enfermedad degenerativa. A pesar de las expectativas generadas, trece meses después, muchos pacientes aún no han recibido las ayudas que se les prometieron, lo cual ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de asociaciones representativas del colectivo.
Recientemente, se anunciaron las ayudas del nuevo grado de dependencia extrema (III+), cuya implementación está prevista para finales de enero. Estas ayudas pueden alcanzar hasta los 9.850 euros mensuales por persona, dependiendo de la situación del paciente. Sin embargo, el camino hacia la obtención de estas ayudas no está exento de obstáculos, siendo las comunidades autónomas las responsables de gestionar y tramitar las solicitudes, lo que puede variar en eficiencia y tiempo de respuesta.
Pese a estas dificultades, algunos avances potenciales se han señalado, como la reciente aprobación de un Real Decreto-ley por parte del Gobierno que busca generar un marco de acción más claro para la implementación de las ayudas. Aun así, persisten las preocupaciones sobre la correcta asignación de los fondos y la necesidad de garantizar un modelo sostenible que asegure la atención para todos los afectados por ELA.
Recientemente, se anunciaron las ayudas del nuevo grado de dependencia extrema (III+), cuya implementación está prevista para finales de enero. Estas ayudas pueden alcanzar hasta los 9.850 euros mensuales por persona, dependiendo de la situación del paciente. Sin embargo, el camino hacia la obtención de estas ayudas no está exento de obstáculos, siendo las comunidades autónomas las responsables de gestionar y tramitar las solicitudes, lo que puede variar en eficiencia y tiempo de respuesta.
Pese a estas dificultades, algunos avances potenciales se han señalado, como la reciente aprobación de un Real Decreto-ley por parte del Gobierno que busca generar un marco de acción más claro para la implementación de las ayudas. Aun así, persisten las preocupaciones sobre la correcta asignación de los fondos y la necesidad de garantizar un modelo sostenible que asegure la atención para todos los afectados por ELA.