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La Ley de Arrendamientos Urbanos establece derechos fundamentales para inquilinos y caseros en contratos de alquiler en España
La normativa especifica plazos de devolución de fianzas y duración mínima de los contratos para proteger a los arrendatarios.
Publicado: 9 de enero de 2026, 22:03
En el contexto actual del mercado de alquiler en España, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) proporciona un marco legal que protege tanto a inquilinos como a caseros con disposiciones claras. La ley dictamina que la fianza, que generalmente equivale a una mensualidad de renta, debe ser devuelta al inquilino por parte del casero en un plazo máximo de 30 días tras la finalización del contrato y la entrega de llaves. Si el propietario no cumple con esta obligación, queda expuesto a pagar intereses adicionales sobre la cantidad adeudada.
Otro aspecto importante de la LAU es la duración mínima de los contratos de alquiler. La ley establece que, independientemente de lo que se negocie entre las partes, si la duración pactada es inferior a cinco años, el contrato se prorrogará automáticamente hasta alcanzar dicho plazo. Esto significa que el propietario no puede finalizar el contrato de forma anticipada, lo que brinda mayor estabilidad a los inquilinos. La LAU también establece excepciones en las que un casero podría recuperar la vivienda antes de estos plazos, pero ello está sujeto a ciertas condiciones.
Arguyendo a través de estas normativas, la legislación busca equilibrar los derechos de los inquilinos, otorgando un marco que defiende su posición en el mercado de alquiler, contrarrestando prácticas que podrían favorecer a los propietarios de forma abusiva.
Otro aspecto importante de la LAU es la duración mínima de los contratos de alquiler. La ley establece que, independientemente de lo que se negocie entre las partes, si la duración pactada es inferior a cinco años, el contrato se prorrogará automáticamente hasta alcanzar dicho plazo. Esto significa que el propietario no puede finalizar el contrato de forma anticipada, lo que brinda mayor estabilidad a los inquilinos. La LAU también establece excepciones en las que un casero podría recuperar la vivienda antes de estos plazos, pero ello está sujeto a ciertas condiciones.
Arguyendo a través de estas normativas, la legislación busca equilibrar los derechos de los inquilinos, otorgando un marco que defiende su posición en el mercado de alquiler, contrarrestando prácticas que podrían favorecer a los propietarios de forma abusiva.