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La justicia suspende el cierre del centro de refugiados en Pozuelo de Alarcón, garantizando su operación temporal
El Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, había ordenado el cierre del centro debido a cuestionamientos sobre su licencia, pero el Gobierno ha logrado una paralización cautelar.
Publicado: 25 de enero de 2026, 02:46
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 de Madrid ha decidido suspender de manera cautelar el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación de Refugiados (Creade) ubicado en Pozuelo de Alarcón, tras una solicitud del Gobierno español. Esta medida se produce en un momento de gran controversia, ya que el Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el Partido Popular, ordenó el cierre del centro el pasado 31 de julio, alegando que carecía de la licencia necesaria para operar. La controversia se intensificó cuando se conoció que el Ejecutivo central planeaba trasladar a este centro a 400 menores no acompañados desde Canarias. En respuesta, el gobierno local justificó su decisión alegando un 'riesgo cierto de hacinamiento' en las instalaciones, aunque actualmente el centro alberga a 70 personas, principalmente familias de refugiados ucranianos y afganos.
Los tribunales han aceptado la solicitud del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que argumenta que el cierre no procede hasta que se resuelva el recurso interpuesto. La decisión judicial ha sido bien recibida entre los defensores de los derechos de los refugiados, quienes destacan la importancia de mantener operativo el centro para ofrecer asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. En contraste, el Ayuntamiento de Pozuelo ha insistido en que la falta de una licencia adecuada para el centro es un argumento válido para su cierre. Este caso subraya la tensión entre las decisiones del gobierno local y las acciones del gobierno central en el contexto de la atención a los refugiados, un tema que ha cobrado mayor relevancia en la agenda pública en los últimos años debido a los conflictos globales.
Los tribunales han aceptado la solicitud del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que argumenta que el cierre no procede hasta que se resuelva el recurso interpuesto. La decisión judicial ha sido bien recibida entre los defensores de los derechos de los refugiados, quienes destacan la importancia de mantener operativo el centro para ofrecer asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. En contraste, el Ayuntamiento de Pozuelo ha insistido en que la falta de una licencia adecuada para el centro es un argumento válido para su cierre. Este caso subraya la tensión entre las decisiones del gobierno local y las acciones del gobierno central en el contexto de la atención a los refugiados, un tema que ha cobrado mayor relevancia en la agenda pública en los últimos años debido a los conflictos globales.