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La Justicia paraliza el cierre del centro de refugiados de Pozuelo tras la intervención del Gobierno español
Un juzgado de Madrid acoge las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo para mantener el CREADE operativo.
Publicado: 26 de enero de 2026, 16:15
El centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón seguirá operativo gracias a una decisión judicial que ha paralizado cautelarmente su cierre, el cual había sido ordenado por el Ayuntamiento de Pozuelo debido a una supuesta falta de licencia. El Gobierno español presentó un recurso contencioso-administrativo contra esta clausura, afectando a cerca de 70 personas alojadas en el centro, principalmente familias ucranianas y afganas. El Juzgado de lo Contencioso número 16 de Madrid ha aceptado las medidas cautelares solicitadas, garantizando que el centro continuará prestando servicio.
El Ayuntamiento justificó la clausura argumentando la falta de licencia del centro inaugurado en 2022, mientras que el Ejecutivo enfatizó que la instalación se creó para albergar a 400 personas en emergencias, manteniendo una ocupación del 17%. La resolución judicial permite que el centro siga recibiendo migrantes que requieran protección, aliviando preocupaciones de las familias que residen allí. La gestión de los migrantes y el compromiso del Ayuntamiento han sido cuestionados en el contexto de una creciente crisis migratoria.
A medida que la atención mediática crecía, surgieron inquietudes sobre las decisiones administrativas respecto a la gestión de los migrantes, además de la oposición política al traslado de 400 menores no acompañados desde Canarias al CREADE. Las autoridades estatales han negado que exista riesgo de hacinamiento, asegurando que se están estableciendo medios adecuados para atender a refugiados y solicitantes de asilo.
El Ayuntamiento justificó la clausura argumentando la falta de licencia del centro inaugurado en 2022, mientras que el Ejecutivo enfatizó que la instalación se creó para albergar a 400 personas en emergencias, manteniendo una ocupación del 17%. La resolución judicial permite que el centro siga recibiendo migrantes que requieran protección, aliviando preocupaciones de las familias que residen allí. La gestión de los migrantes y el compromiso del Ayuntamiento han sido cuestionados en el contexto de una creciente crisis migratoria.
A medida que la atención mediática crecía, surgieron inquietudes sobre las decisiones administrativas respecto a la gestión de los migrantes, además de la oposición política al traslado de 400 menores no acompañados desde Canarias al CREADE. Las autoridades estatales han negado que exista riesgo de hacinamiento, asegurando que se están estableciendo medios adecuados para atender a refugiados y solicitantes de asilo.