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La justicia interviene para mantener abierto el centro de refugiados en Pozuelo de Alarcón ante el cierre del Ayuntamiento
El Gobierno logra que la justicia paralice el cierre del CREADE por falta de licencia, afectando a familias refugiadas.
Publicado: 23 de enero de 2026, 14:31
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 de Madrid ha decidido paralizar de forma cautelar el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación de Refugiados (CREADE) en Pozuelo de Alarcón, tras la orden del Ayuntamiento que alegó falta de licencia. Esta decisión es relevante en el contexto actual, ya que el CREADE ha sido crucial para albergar a refugiados, especialmente ucranianos y afganos. La suspensión ha sido bien recibida por el Gobierno y organizaciones que apoyan a los refugiados, quienes celebran que se evita el desalojo de estas familias vulnerables.
Desde su apertura en marzo de 2022, el centro ha operado bajo normativa que el Ayuntamiento ahora cuestiona. A pesar de la alegación de riesgo de hacinamiento, el Gobierno defiende que el centro tiene una capacidad manejable y sigue siendo fundamental en la crisis actual de refugiados. La decisión judicial asegura que el CREADE permanecerá abierto mientras se resuelva el recurso del Gobierno, lo que agrega un elemento de incertidumbre en el debate sobre la política migratoria en España.
Este caso resalta la tensión entre las autoridades locales y el Gobierno central en relación a la gestión de los centros de refugiados y la atención adecuada a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad.
Desde su apertura en marzo de 2022, el centro ha operado bajo normativa que el Ayuntamiento ahora cuestiona. A pesar de la alegación de riesgo de hacinamiento, el Gobierno defiende que el centro tiene una capacidad manejable y sigue siendo fundamental en la crisis actual de refugiados. La decisión judicial asegura que el CREADE permanecerá abierto mientras se resuelva el recurso del Gobierno, lo que agrega un elemento de incertidumbre en el debate sobre la política migratoria en España.
Este caso resalta la tensión entre las autoridades locales y el Gobierno central en relación a la gestión de los centros de refugiados y la atención adecuada a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad.