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La Justicia europea impone a España una multa de 6,8 millones de euros por incumplimiento de la directiva de permisos parentales retribuidos
Tras la reciente aprobación del Gobierno para aumentar los permisos parentales, el TJUE condena a España a pagar una sanción significativa por retraso en la adaptación legal.
Publicado: 1 de agosto de 2025, 19:41
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que España debe abonar una multa de 6,8 millones de euros por no haber transpuesto a tiempo la directiva sobre conciliación de la vida laboral y familiar, que establece permisos parentales retribuidos. Esta decisión llega apenas tres días después de que el Consejo de Ministros español aprobara un decreto que amplía el permiso por nacimiento y cuidado de hijos, de 16 a 19 semanas, de las cuales al menos dos serán retribuidas.
La directiva, que entró en vigor en julio de 2019, exigía a los Estados miembros garantizar un permiso parental mínimo de cuatro meses para cada progenitor, incluyendo al menos seis semanas de permiso remunerado. Sin embargo, la Comisión Europea advirtió que España no había adoptado todas las medidas necesarias para cumplir con estas exigencias, lo que llevó a que se iniciara un procedimiento de infracción en septiembre de 2022.
Desde entonces, las autoridades españolas intentaron transponer la normativa, pero enfrentaron múltiples obstáculos, incluida la disolución del Parlamento en 2023 y la falta de apoyo para el decreto que contenía las reformas necesarias. El TJUE, al fallar a favor de la Comisión Europea, también impuso una multa coercitiva diaria de 19.700 euros que se aplicará mientras persista el incumplimiento.
La directiva, que entró en vigor en julio de 2019, exigía a los Estados miembros garantizar un permiso parental mínimo de cuatro meses para cada progenitor, incluyendo al menos seis semanas de permiso remunerado. Sin embargo, la Comisión Europea advirtió que España no había adoptado todas las medidas necesarias para cumplir con estas exigencias, lo que llevó a que se iniciara un procedimiento de infracción en septiembre de 2022.
Desde entonces, las autoridades españolas intentaron transponer la normativa, pero enfrentaron múltiples obstáculos, incluida la disolución del Parlamento en 2023 y la falta de apoyo para el decreto que contenía las reformas necesarias. El TJUE, al fallar a favor de la Comisión Europea, también impuso una multa coercitiva diaria de 19.700 euros que se aplicará mientras persista el incumplimiento.