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La Justicia de Galicia condena a la Xunta y al Estado por la contaminación del embalse de As Conchas relacionada con las macrogranjas
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordena medidas inmediatas para restaurar la calidad del agua y compensar a los afectados.
Publicado: 11 de julio de 2025, 19:37
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado una sentencia histórica que condena a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a adoptar medidas inmediatas para abordar la degradación del embalse de As Conchas. La resolución responde a una demanda presentada por vecinos y organizaciones ecologistas, considerando que la inacción de las administraciones ha vulnerado derechos fundamentales al acceso a un medio ambiente saludable y al agua potable.
El fallo detalla que la contaminación en el embalse proviene de la proliferación de macrogranjas en la comarca de A Limia, con vertidos de purines y desechos que han envenenado las aguas. La sentencia obliga a las administraciones a indemnizar a los demandantes y a implementar medidas para garantizar agua limpia. Este caso se ha calificado como un precedente en Europa al vincular degradación ambiental y derechos humanos.
Diversas organizaciones celebran la decisión como un avance en la lucha contra la contaminación generada por la ganadería industrial, y los vecinos expresan su alivio y fortalecimiento tras el reconocimiento judicial de su sufrimiento. La sentencia subraya la responsabilidad de las administraciones públicas en la protección del medio ambiente y la salud pública.
El fallo detalla que la contaminación en el embalse proviene de la proliferación de macrogranjas en la comarca de A Limia, con vertidos de purines y desechos que han envenenado las aguas. La sentencia obliga a las administraciones a indemnizar a los demandantes y a implementar medidas para garantizar agua limpia. Este caso se ha calificado como un precedente en Europa al vincular degradación ambiental y derechos humanos.
Diversas organizaciones celebran la decisión como un avance en la lucha contra la contaminación generada por la ganadería industrial, y los vecinos expresan su alivio y fortalecimiento tras el reconocimiento judicial de su sufrimiento. La sentencia subraya la responsabilidad de las administraciones públicas en la protección del medio ambiente y la salud pública.