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La Justicia de EE.UU. ordena investigar la deportación de un migrante salvadoreño con estatus legal
La jueza Paula Xinis critica la inacción del gobierno estadounidense y exige testimonios en un caso que ha sido calificado de 'desaparición forzada'
Publicado: 16 de abril de 2025, 13:09
En un reciente desarrollo judicial, la jueza Paula Xinis, del distrito de Maryland, ha ordenado una investigación exhaustiva sobre la deportación de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño que fue enviado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador a pesar de tener un estatus legal que lo protegía de la deportación en Estados Unidos. Xinis expresó su frustración por la falta de acción por parte del gobierno estadounidense, señalando que 'no se ha hecho nada' para facilitar el regreso del migrante.
Ábrego, casado con una ciudadana estadounidense, fue uno de más de 200 migrantes expulsados sin la oportunidad de apelar sus casos, práctica denunciada como 'desaparición forzada'. A pesar de un fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. respaldando su retorno, tanto el gobierno estadounidense como el salvadoreño han ignorado dicha instrucción. El presidente Nayib Bukele ha calificado a Ábrego de terrorista y ha argumentado que su regreso sería ilegal, añadiendo más controversia al caso.
La jueza Xinis instó a los abogados del gobierno a cancelar compromisos personales para aportar la información requerida, advirtiendo que no toleraría retrasos. El caso se enmarca en un acuerdo entre EE.UU. y El Salvador, que ha sido criticado por abusos a los derechos humanos, y que incluye pagos anuales para mantener el sistema carcelario salvadoreño.
Ábrego, casado con una ciudadana estadounidense, fue uno de más de 200 migrantes expulsados sin la oportunidad de apelar sus casos, práctica denunciada como 'desaparición forzada'. A pesar de un fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. respaldando su retorno, tanto el gobierno estadounidense como el salvadoreño han ignorado dicha instrucción. El presidente Nayib Bukele ha calificado a Ábrego de terrorista y ha argumentado que su regreso sería ilegal, añadiendo más controversia al caso.
La jueza Xinis instó a los abogados del gobierno a cancelar compromisos personales para aportar la información requerida, advirtiendo que no toleraría retrasos. El caso se enmarca en un acuerdo entre EE.UU. y El Salvador, que ha sido criticado por abusos a los derechos humanos, y que incluye pagos anuales para mantener el sistema carcelario salvadoreño.