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La Justicia confirma la orden del Ministerio de Consumo para que Airbnb retire 5.800 anuncios ilegales de pisos turísticos
El tribunal destaca la necesidad de regular el sector para proteger el derecho a la vivienda en España.
Publicado: 19 de junio de 2025, 21:01
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado la orden del Ministerio de Consumo que exige a Airbnb la retirada de 5.800 anuncios de alojamientos turísticos ilegales. Esta medida forma parte de un proceso donde se han detectado más de 65.000 anuncios no conformes a la legislación en varias comunidades autónomas. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha enfatizado que ninguna empresa puede estar por encima de la ley, destacando la importancia de la regulación para afrontar la crisis del acceso a la vivienda en el país.
Los anuncios en cuestión carecen de los números de licencia requeridos, constituyendo infracciones graves en el sector. El TSJM ya había dictado un auto previo confirmando la eliminación de otros anuncios, y mantiene su firme postura a pesar de los intentos de Airbnb de recurrir. Además, el Ministerio de Consumo está investigando otras irregularidades y ha abierto expedientes sancionadores para garantizar el derecho a la vivienda de millones de familias en España.
La situación resalta la necesidad de una regulación más estricta en el mercado del alquiler turístico, amenazando la disponibilidad de viviendas asequibles. Esta decisión judicial es presentada como un paso crucial hacia el equilibrio entre la oferta turística y la protección de derechos ciudadanos, con la intención de mantener medidas sostenidas que aseguren la efectividad en la defensa de la vivienda.
Los anuncios en cuestión carecen de los números de licencia requeridos, constituyendo infracciones graves en el sector. El TSJM ya había dictado un auto previo confirmando la eliminación de otros anuncios, y mantiene su firme postura a pesar de los intentos de Airbnb de recurrir. Además, el Ministerio de Consumo está investigando otras irregularidades y ha abierto expedientes sancionadores para garantizar el derecho a la vivienda de millones de familias en España.
La situación resalta la necesidad de una regulación más estricta en el mercado del alquiler turístico, amenazando la disponibilidad de viviendas asequibles. Esta decisión judicial es presentada como un paso crucial hacia el equilibrio entre la oferta turística y la protección de derechos ciudadanos, con la intención de mantener medidas sostenidas que aseguren la efectividad en la defensa de la vivienda.