Progresista 19.6%Conservador 80.4%
La junta militar de Birmania organiza elecciones en un contexto de represión y violencia, buscando reconocimiento internacional
A pesar de las críticas de la comunidad internacional, las elecciones están diseñadas para consolidar el poder militar tras años de conflicto.
Publicado: 31 de enero de 2026, 03:26
Birmania se encuentra en un estado crítico tras casi cinco años de guerra civil y represión por parte de la junta militar que tomó el poder en febrero de 2021. El reciente proceso electoral, que comenzó el 28 de diciembre y culminará el 25 de enero, se ha llevado a cabo en un contexto marcado por la muerte de más de 7,000 civiles y el desplazamiento de 3.6 millones de personas. Este panorama crítico ha sido ignorado en gran medida por los organizadores de las elecciones, quienes afirman que su objetivo es restablecer la estabilidad política en el país.
Durante la actual fase electoral, la Comisión Electoral controlada por el ejército ha proclamado que el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), la agrupación política vinculada a los militares, se dirigía hacia una victoria aplastante. Según los resultados divulgados hasta este viernes por la Comisión Electoral, el USDP se ha hecho con alrededor de 300 escaños del total de 420 en liza, lo que le permitirá imponer al nuevo presidente sin oposición significativa. Este resultado ha sido ampliamente criticado por la comunidad internacional, incluyendo denuncias de la ONU y diversas organizaciones de derechos humanos, que consideran que el proceso está diseñado para otorgar legitimidad al régimen militar.
La votación se ha visto manchada por la represión de los derechos humanos y la intimidación de votantes. Las elecciones de 2026 no son solo un plebiscito para dotar de legitimidad al régimen, sino un indicador de cómo la junta militar busca mantener el control en una nación cada vez más desgastada por la guerra y el rechazo internacional. Respaldada por naciones como China y Rusia, la junta ha afirmado su deseo de normalizar las relaciones con Occidente, a pesar de la acusación de dirigir una limpieza étnica contra la minoría rohinyá y otros grupos disidentes. El general Zaw Min Tun, portavoz de la junta, ha declarado que los nuevos diputados jurarán sus cargos en marzo, con el objetivo de dar la apariencia de un proceso democrático.
Las elecciones han sido duramente criticadas. El relator especial de la ONU, Tom Andrews, ha calificado la votación como una farsa y ha denunciado un patrón de coacción sistemática: amenazas de reclutamiento forzoso para presionar a los jóvenes a votar, intimidación a personas desplazadas y estudiantes. Las actuales elecciones, celebradas únicamente donde en las zonas controladas por el ejército, reflejan la realidad fragmentada: un país donde votar se ha convertido en un acto administrativo manipulado, desconectado del curso real del conflicto.
Durante la actual fase electoral, la Comisión Electoral controlada por el ejército ha proclamado que el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), la agrupación política vinculada a los militares, se dirigía hacia una victoria aplastante. Según los resultados divulgados hasta este viernes por la Comisión Electoral, el USDP se ha hecho con alrededor de 300 escaños del total de 420 en liza, lo que le permitirá imponer al nuevo presidente sin oposición significativa. Este resultado ha sido ampliamente criticado por la comunidad internacional, incluyendo denuncias de la ONU y diversas organizaciones de derechos humanos, que consideran que el proceso está diseñado para otorgar legitimidad al régimen militar.
La votación se ha visto manchada por la represión de los derechos humanos y la intimidación de votantes. Las elecciones de 2026 no son solo un plebiscito para dotar de legitimidad al régimen, sino un indicador de cómo la junta militar busca mantener el control en una nación cada vez más desgastada por la guerra y el rechazo internacional. Respaldada por naciones como China y Rusia, la junta ha afirmado su deseo de normalizar las relaciones con Occidente, a pesar de la acusación de dirigir una limpieza étnica contra la minoría rohinyá y otros grupos disidentes. El general Zaw Min Tun, portavoz de la junta, ha declarado que los nuevos diputados jurarán sus cargos en marzo, con el objetivo de dar la apariencia de un proceso democrático.
Las elecciones han sido duramente criticadas. El relator especial de la ONU, Tom Andrews, ha calificado la votación como una farsa y ha denunciado un patrón de coacción sistemática: amenazas de reclutamiento forzoso para presionar a los jóvenes a votar, intimidación a personas desplazadas y estudiantes. Las actuales elecciones, celebradas únicamente donde en las zonas controladas por el ejército, reflejan la realidad fragmentada: un país donde votar se ha convertido en un acto administrativo manipulado, desconectado del curso real del conflicto.