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La jueza Inmaculada Iglesias encarga a la UCO investigar posibles delitos de corrupción relacionados con la pareja de Ayuso.
La magistrada actúa tras recibir advertencias sobre la complejidad de la trama que involucra a Alberto González Amador y a Quirón Prevención.
Publicado: 27 de junio de 2025, 19:51
En un giro significativo en la investigación sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la jueza Inmaculada Iglesias ha decidido encargar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la indagación sobre posibles delitos de corrupción y blanqueo de capitales que involucran a Alberto González Amador. Esta decisión surge en el contexto de un caso que ha generado considerable atención mediática y política, con acusaciones que apuntan hacia la connivencia en operaciones de negocios poco claras.
La magistrada ha dado un paso importante al considerar indicios de que González Amador, socio y administrador único de Maxwell Cremona, pudiera haber realizado prácticas ilícitas. La investigación gira en torno a la compra de la Sociedad Círculo de Belleza, un movimiento que ha suscitado acusaciones de soborno y que invita a cuestionar la legalidad de la transacción. La jueza asegura que debido a la complejidad del caso, es fundamental que la UCO realice gestiones para determinar si las actividades presuntamente delictivas han sido transformadas o disimuladas.
Este caso resalta las complejidades legales y financieras que enfrenta Alberto González Amador, y se convierte en un punto focal de atención mediática y política, evidenciando la intersección entre el poder, los negocios y la justicia en España.
La magistrada ha dado un paso importante al considerar indicios de que González Amador, socio y administrador único de Maxwell Cremona, pudiera haber realizado prácticas ilícitas. La investigación gira en torno a la compra de la Sociedad Círculo de Belleza, un movimiento que ha suscitado acusaciones de soborno y que invita a cuestionar la legalidad de la transacción. La jueza asegura que debido a la complejidad del caso, es fundamental que la UCO realice gestiones para determinar si las actividades presuntamente delictivas han sido transformadas o disimuladas.
Este caso resalta las complejidades legales y financieras que enfrenta Alberto González Amador, y se convierte en un punto focal de atención mediática y política, evidenciando la intersección entre el poder, los negocios y la justicia en España.