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La jueza desestima la denuncia de Manos Limpias contra el delegado del Gobierno por su gestión en la Vuelta Ciclista a España
El juez archiva el caso al no considerar que los hechos denunciados sean constitutivos de infracción penal.
Publicado: 3 de enero de 2026, 01:30
El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha inadmitido la denuncia presentada por la organización Manos Limpias contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, debido a la falta de fundamentos legales que sostuvieran la acusación. La denuncia se refería a delitos de lesiones por imprudencia, desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad, relacionados con la gestión del operativo policial durante la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, el 14 de septiembre. La juez determinó que no existía 'dolo' en las acciones del delegado, lo que es esencial para que proceda cualquier acusación penal.
La magistrada Luisa María Prieto destacó que la denuncia se basaba en un malentendido y que la queja era más sobre la insatisfacción respecto a la gestión del evento que sobre un hecho delictivo real. Aunque Manos Limpias argumentaba que hubo violencia considerable en las protestas, la jueza manifestó que la responsabilidad penal no puede atribuirse a Martín por eventos que involucran a terceros, en este caso, los manifestantes que causaron las lesiones. Además, la denuncia fue considerada insuficiente por la falta de pruebas concretas o testimonios que validaran la acusación.
Este desarrollo judicial ha suscitado reacciones políticas y sociales sobre la eficacia de los dispositivos de seguridad en eventos masivos. El archivo del caso por parte de la jueza refleja un contexto en el que la gestión de la seguridad pública en protestas es un tema relevante en la actualidad.
La magistrada Luisa María Prieto destacó que la denuncia se basaba en un malentendido y que la queja era más sobre la insatisfacción respecto a la gestión del evento que sobre un hecho delictivo real. Aunque Manos Limpias argumentaba que hubo violencia considerable en las protestas, la jueza manifestó que la responsabilidad penal no puede atribuirse a Martín por eventos que involucran a terceros, en este caso, los manifestantes que causaron las lesiones. Además, la denuncia fue considerada insuficiente por la falta de pruebas concretas o testimonios que validaran la acusación.
Este desarrollo judicial ha suscitado reacciones políticas y sociales sobre la eficacia de los dispositivos de seguridad en eventos masivos. El archivo del caso por parte de la jueza refleja un contexto en el que la gestión de la seguridad pública en protestas es un tema relevante en la actualidad.