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La jueza de la DANA requiere a À Punt y Emergencias las grabaciones del Cecopi tras la trágica riada en Valencia
La magistrada busca esclarecer la gestión del incidente que causó 229 muertes, alegando contradicciones en testimonios previos.
Publicado: 19 de septiembre de 2025, 12:19
La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha solicitado a la televisión pública À Punt y a Emergencias de la Generalitat Valenciana la entrega de todas las grabaciones de la reunión del Cecopi del 29 de octubre, tras la devastadora DANA que afectó a Valencia. Esta acción se basa en la necesidad de asegurar la obtención de evidencias tras la pérdida de 229 vidas y ante dudas sobre cómo se gestionó la alerta.
El argumento principal de la jueza es la importancia de estas grabaciones para esclarecer el contexto de la tragedia, destacando que À Punt, siendo un ente público, tiene la responsabilidad de colaborar con la justicia. Recientemente, en declaraciones del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, este indicó que existe “voluntad de facilitar” las grabaciones requeridas, lo que añade presión a las instituciones para cumplir con la solicitud judicial. Tras una negativa inicial de Emergencias sobre la inexistencia de actas o grabaciones, la magistrada ha insistido en que la ley exige la entrega de este material, que es crucial no solo para entender la gestión de la crisis, sino también para investigar a otros presentes en la reunión.
Las declaraciones de la exconsellera Salomé Pradas añaden complejidad a la situación. En su declaración judicial, ella indicó que no tenía relación con la notificación del Es-Alert, a pesar de que las grabaciones de À Punt pueden mostrar instrucciones claves dadas durante la reunión, sugiriendo que su rol pudo ser más activo en la gestión de la crisis de lo que ella alegó. La jueza ya había solicitado anteriormente documentación, grabación o acta de la reunión del Cecopi y, a pesar de que Emergencias indicó que "no levantan actas ni graban las sesiones", se han detectado evidencias de una productora contratada que sí podría haber grabado parte de la reunión, lo que ha llevado a la jueza a requerir estas grabaciones oficialmente. Las imágenes obtenidas por RTVE ya han comenzado a ser valoradas con detenimiento y se ha señalado que podrían contradecir declaraciones previas aportadas en sede judicial.
En sus recientes autos, la jueza hace hincapié en que "ha de ponderarse el carácter de medio público de À Punt" y el conflicto entre la protección del secreto profesional y la búsqueda de la verdad en el marco de un procedimiento penal por la pérdida de vidas. La gravedad de los hechos y la obligación de colaboración con la justicia son centrales en esta investigación que sigue generando controversia. Por ello, À Punt y Emergencias tienen un plazo de tres días para entregar las grabaciones a la judicatura.
El argumento principal de la jueza es la importancia de estas grabaciones para esclarecer el contexto de la tragedia, destacando que À Punt, siendo un ente público, tiene la responsabilidad de colaborar con la justicia. Recientemente, en declaraciones del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, este indicó que existe “voluntad de facilitar” las grabaciones requeridas, lo que añade presión a las instituciones para cumplir con la solicitud judicial. Tras una negativa inicial de Emergencias sobre la inexistencia de actas o grabaciones, la magistrada ha insistido en que la ley exige la entrega de este material, que es crucial no solo para entender la gestión de la crisis, sino también para investigar a otros presentes en la reunión.
Las declaraciones de la exconsellera Salomé Pradas añaden complejidad a la situación. En su declaración judicial, ella indicó que no tenía relación con la notificación del Es-Alert, a pesar de que las grabaciones de À Punt pueden mostrar instrucciones claves dadas durante la reunión, sugiriendo que su rol pudo ser más activo en la gestión de la crisis de lo que ella alegó. La jueza ya había solicitado anteriormente documentación, grabación o acta de la reunión del Cecopi y, a pesar de que Emergencias indicó que "no levantan actas ni graban las sesiones", se han detectado evidencias de una productora contratada que sí podría haber grabado parte de la reunión, lo que ha llevado a la jueza a requerir estas grabaciones oficialmente. Las imágenes obtenidas por RTVE ya han comenzado a ser valoradas con detenimiento y se ha señalado que podrían contradecir declaraciones previas aportadas en sede judicial.
En sus recientes autos, la jueza hace hincapié en que "ha de ponderarse el carácter de medio público de À Punt" y el conflicto entre la protección del secreto profesional y la búsqueda de la verdad en el marco de un procedimiento penal por la pérdida de vidas. La gravedad de los hechos y la obligación de colaboración con la justicia son centrales en esta investigación que sigue generando controversia. Por ello, À Punt y Emergencias tienen un plazo de tres días para entregar las grabaciones a la judicatura.