Progresista 51.1%Conservador 48.9%
La jueza confirma el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por fraude fiscal, lo que lo acerca al banquillo.
La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ve 'claros indicios' de la utilización de facturas falsas para defraudar a Hacienda.
Publicado: 24 de julio de 2025, 19:42
La jueza Inmaculada Iglesias ha decidido confirmar el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en un caso que implica presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, ocurriendo entre 2020 y 2021. Esta decisión se basa en lo que la magistrada considera 'claros indicios' de que González Amador se sirvió de facturas falsas con el fin de defraudar 350,951 euros a la Agencia Tributaria.
El auto judicial revela que la jueza desestimó el recurso presentado por la defensa del empresario, argumentando que existen elementos suficientes para continuar con el proceso judicial. La magistrada destaca que, a lo largo de la instrucción, se han recopilado 'casi 1.500 elementos de prueba' que detalla prácticas ilícitas relacionadas con gastos ficticios. La Fiscalía ha propuesto una pena de tres años y nueve meses de prisión si se demuestra su culpabilidad, lo que ha desatado un álgido debate en la esfera pública y política.
El caso ha suscitado un alto interés mediático y político, influyendo en la situación política de Ayuso, quien ha estado bajo el escrutinio público desde que surgieron estas acusaciones. A pesar de la negativa de González Amador a declarar ante la jueza, las investigaciones continúan y existe una segunda pieza que aborda posibles delitos de corrupción en sus negocios.
El auto judicial revela que la jueza desestimó el recurso presentado por la defensa del empresario, argumentando que existen elementos suficientes para continuar con el proceso judicial. La magistrada destaca que, a lo largo de la instrucción, se han recopilado 'casi 1.500 elementos de prueba' que detalla prácticas ilícitas relacionadas con gastos ficticios. La Fiscalía ha propuesto una pena de tres años y nueve meses de prisión si se demuestra su culpabilidad, lo que ha desatado un álgido debate en la esfera pública y política.
El caso ha suscitado un alto interés mediático y político, influyendo en la situación política de Ayuso, quien ha estado bajo el escrutinio público desde que surgieron estas acusaciones. A pesar de la negativa de González Amador a declarar ante la jueza, las investigaciones continúan y existe una segunda pieza que aborda posibles delitos de corrupción en sus negocios.