Progresista 46.7%Conservador 53.3%
La jueza cambia la imputación de cuatro periodistas a testigos en el caso del fiscal general, clave para la libertad de expresión.
La decisión se produce tras la intervención de la Audiencia Provincial de Madrid y afecta a periodistas de varios medios clave.
Publicado: 14 de julio de 2025, 19:44
El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ha decidido cambiar el estatus de cuatro periodistas, que habían sido imputados por presunto delito de revelación de secretos, y los ha citado como testigos en el contexto de la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta decisión se basa en la orden emitida por la Audiencia Provincial de Madrid, que examinó un recurso presentado por una de las periodistas implicadas.
Los periodistas afectados pertenecen a medios de comunicación importantes: 20 Minutos, El País y El Mundo. El caso está vinculado a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que incluyó comunicaciones entre el fiscal general y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. La crisis se desató cuando el magistrado responsable del caso, Ángel Hurtado, remitió las quejas de la Abogacía del Estado a los juzgados madrileños, argumentando que las informaciones publicadas por los periodistas podrían haber infringido la confidencialidad de las investigaciones en curso.
Días después de que la redactora de El País presentara un recurso apelando su imputación, la Audiencia Provincial falló a su favor y recomendó a la jueza del caso que los citara únicamente como testigos. Aunque esta decisión ha sido positiva para los cuatro periodistas, la misma jueza mantiene bajo investigación a otros tres periodistas de diferentes medios, quienes están citados para comparecer. Este contexto ha generado una oleada de apoyo entre los periodistas, reflejando la importancia del acceso a información veraz.
Los periodistas afectados pertenecen a medios de comunicación importantes: 20 Minutos, El País y El Mundo. El caso está vinculado a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que incluyó comunicaciones entre el fiscal general y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. La crisis se desató cuando el magistrado responsable del caso, Ángel Hurtado, remitió las quejas de la Abogacía del Estado a los juzgados madrileños, argumentando que las informaciones publicadas por los periodistas podrían haber infringido la confidencialidad de las investigaciones en curso.
Días después de que la redactora de El País presentara un recurso apelando su imputación, la Audiencia Provincial falló a su favor y recomendó a la jueza del caso que los citara únicamente como testigos. Aunque esta decisión ha sido positiva para los cuatro periodistas, la misma jueza mantiene bajo investigación a otros tres periodistas de diferentes medios, quienes están citados para comparecer. Este contexto ha generado una oleada de apoyo entre los periodistas, reflejando la importancia del acceso a información veraz.