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La investigación del 'caso Koldo' involucra a Acciona y Servinabar en presuntas irregularidades en obras públicas
La UCO y el Tribunal Supremo profundizan en las conexiones entre exdirectivos de Acciona y la empresa vinculada a Santos Cerdán.
Publicado: 16 de diciembre de 2025, 18:43
La investigación relacionada con el 'caso Koldo' avanza con la declaración de varios imputados ante el Tribunal Supremo, en un caso que implica a la constructora Acciona y a la empresa Servinabar, presuntamente vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán. El juez Leopoldo Puente ha fijado medidas cautelares para Manuel José García Alconchel, exdirectivo de Acciona, prohibiéndole salir del país y retirándole el pasaporte. Estas acciones se producen en un contexto donde los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) han puesto de manifiesto una serie de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
La UCO considera que Servinabar fue la "principal fuente de ingresos" de Acciona debido a un acuerdo que establecía que esta última recibiría un 2% en diversas adjudicaciones. Las declaraciones en el Supremo revelan que los exdirectivos, como Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte, han estado en el centro de una serie de negociaciones con Servinabar, donde se trataba de conseguir contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. La trama se complica con la participación de figuras políticas destacadas, incluyendo al exministro José Luis Ábalos.
A medida que el caso avanza, el PSOE trata de minimizar su impacto político, mientras que los fiscales y otros agentes de la ley continúan profundizando en la red de implicaciones que involucran no solo a empresas y exdirectivos, sino también a figuras dentro del gobierno.
La UCO considera que Servinabar fue la "principal fuente de ingresos" de Acciona debido a un acuerdo que establecía que esta última recibiría un 2% en diversas adjudicaciones. Las declaraciones en el Supremo revelan que los exdirectivos, como Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte, han estado en el centro de una serie de negociaciones con Servinabar, donde se trataba de conseguir contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. La trama se complica con la participación de figuras políticas destacadas, incluyendo al exministro José Luis Ábalos.
A medida que el caso avanza, el PSOE trata de minimizar su impacto político, mientras que los fiscales y otros agentes de la ley continúan profundizando en la red de implicaciones que involucran no solo a empresas y exdirectivos, sino también a figuras dentro del gobierno.