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La ineficiencia del sistema de salud en España: más de 32.700 muertes en listas de espera y dificultades en la eutanasia
La administración de servicios sociales evidencia deficiencias preocupantes tanto en la atención a la dependencia como en el acceso a la eutanasia en Galicia.
Publicado: 17 de enero de 2026, 14:17
La situación del sistema de salud y servicios sociales en España está siendo puesta a prueba, evidenciada por la alarmante cifra de más de 32.700 muertes ocurridas en listas de espera relacionadas con la dependencia en el año 2025. Este dato expone la crucial necesidad de revisar urgentemente las estructuras y protocolos implementados por las instituciones públicas. Según el Observatorio Estatal para la Dependencia, la lista de espera se elevó a 258.167 personas, de las cuales 109.260 aguardaban una valoración y 148.907 necesitaban acceso a servicios que ya les habían sido reconocidos.
Las organizaciones de servicios sociales han calificado la situación como un “drama silencioso”, destacando que muchos de los fallecidos residen en comunidades con una fuerte presión demográfica como Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. En Galicia, la aplicación de la Ley de Eutanasia enfrenta grandes obstáculos administrativos, con solo el 40% de las solicitudes resultando en la prestación efectiva de ayuda para morir desde su entrada en vigor en 2020. En 2024, de 34 procedimientos, solo 16 concluyeron en la ayuda solicitada.
Grupos en defensa del derecho a una muerte digna han expresado su preocupación acerca de la burocracia y el tiempo que toma acceder a los procedimientos de eutanasia, registrando una media de 157,87 días entre la solicitud y la prestación efectiva. La necesidad de urgentemente reformar estos sistemas para ofrecer un acceso más accesible y humanizado es cada vez más evidente. Las críticas hacia la atención “low cost” en la dependencia y las largas esperas para la eutanasia resaltan una crisis en el sistema público que necesita ser abordada y reestructurada.
Las organizaciones de servicios sociales han calificado la situación como un “drama silencioso”, destacando que muchos de los fallecidos residen en comunidades con una fuerte presión demográfica como Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. En Galicia, la aplicación de la Ley de Eutanasia enfrenta grandes obstáculos administrativos, con solo el 40% de las solicitudes resultando en la prestación efectiva de ayuda para morir desde su entrada en vigor en 2020. En 2024, de 34 procedimientos, solo 16 concluyeron en la ayuda solicitada.
Grupos en defensa del derecho a una muerte digna han expresado su preocupación acerca de la burocracia y el tiempo que toma acceder a los procedimientos de eutanasia, registrando una media de 157,87 días entre la solicitud y la prestación efectiva. La necesidad de urgentemente reformar estos sistemas para ofrecer un acceso más accesible y humanizado es cada vez más evidente. Las críticas hacia la atención “low cost” en la dependencia y las largas esperas para la eutanasia resaltan una crisis en el sistema público que necesita ser abordada y reestructurada.