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La industria cogeneradora alerta sobre graves recortes que amenazan su futuro en España
La propuesta del Gobierno de recortar más de 250 millones de euros anuales podría cerrar plantas y afectar la competitividad del sector.
Publicado: 17 de noviembre de 2025, 21:10
La industria cogeneradora en España ha manifestado su fuerte oposición a la propuesta gubernamental de recortes que amenazan su viabilidad. La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) denuncia que se planea reducir la retribución regulada en 475 millones de euros, lo que podría provocar el cierre de más de 600 plantas. Este recorte representa una disminución del 25% en los ingresos actuales y podría llevar a la quiebra de muchas empresas, con la patronal calificándolo como una 'sentencia de muerte' para el sector.
La cogeneración es crucial para sectores como la cerámica y la alimentación, representando aproximadamente el 6% de la electricidad generada en España. La preocupación del sector se agrava con la revisión de los costes de CO2, que podría imponer gastos adicionales de más de 250 millones de euros anuales. Con una caída del 50% en la producción en los últimos cinco años, y más de 1.300 millones de euros en inversiones pendientes, la situación es crítica, amenazando empleos y aumentando los precios de productos industriales.
El sector expresa incredulidad ante esta nueva regulación en un contexto de múltiples desafíos. Con alegaciones abiertas hasta el 24 de noviembre y una decisión final esperada para febrero de 2026, las voces del sector piden al Gobierno una reevaluación de su propuesta para evitar el colapso de una parte vital de la economía industrial española.
La cogeneración es crucial para sectores como la cerámica y la alimentación, representando aproximadamente el 6% de la electricidad generada en España. La preocupación del sector se agrava con la revisión de los costes de CO2, que podría imponer gastos adicionales de más de 250 millones de euros anuales. Con una caída del 50% en la producción en los últimos cinco años, y más de 1.300 millones de euros en inversiones pendientes, la situación es crítica, amenazando empleos y aumentando los precios de productos industriales.
El sector expresa incredulidad ante esta nueva regulación en un contexto de múltiples desafíos. Con alegaciones abiertas hasta el 24 de noviembre y una decisión final esperada para febrero de 2026, las voces del sector piden al Gobierno una reevaluación de su propuesta para evitar el colapso de una parte vital de la economía industrial española.