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La Iglesia enfrenta la oposición de 200 familias inquilinas tras la polémica venta de edificios en Madrid a un fondo inmobiliario
Los vecinos afectados cuestionan la legalidad del acuerdo y planean enviar cartas al Papa para expresar su preocupación por la situación.
Publicado: 1 de septiembre de 2025, 06:44
La reciente venta de edificios en el centro de Madrid por parte de la Fundación de Santamarca, dirigida por el Arzobispado, ha desatado una fuerte controversia. Esta operación afecta a más de 200 familias que, desde hace años, residen como inquilinas en estos inmuebles, los cuales fueron donados bajo la premisa de no ser vendidos. La nueva transacción, que involucra a la sociedad Tapiamar, ha reabierto el debate sobre la legalidad de la venta y la ética de la Iglesia en situaciones que afectan directamente a la vivienda de los ciudadanos.
En 2019, la fundación intentó inicialmente vender 14 edificios a Tapiamar por un precio de 65 millones de euros, cifra que los vecinos consideran irrisoria dado que el valor real asciende a aproximadamente 250 millones. Sin embargo, esta primera tentativa se paralizó debido a denuncias de irregularidades por parte de los inquilinos, quienes advirtieron que la venta podría ser ilegal debido a las condiciones de donación originales. La reciente noticia indica que la fundación ha renunciado a acciones penales y civiles contra los imputados por estafa vinculados a la venta. La operación relacionada con Tapiamar ha vuelto a generar alarma entre los vecinos, quienes ven en este nuevo acuerdo un intento de despojo y han decidido impugnarlo en los tribunales. Además, los inquilinos han comenzado a movilizarse, organizando protestas para visibilizar su situación y han enviado cartas al nuevo Papa, León XIV, advirtiendo sobre la legalidad de la transacción.
En julio de 2025, se acordó una nueva venta de 13 edificios por 99 millones de euros, un precio que los vecinos consideran muy por debajo del valor de mercado de 250 millones. Esta operación, además de haber sido cuestionada por su legalidad, aún necesita la aprobación de un juzgado, debido a que la ley de fundaciones prohíbe la venta de inmuebles donados para fines benéficos. Los inquilinos, que habían recibido cartas de desahucio durante la primera venta, se preparan para impugnar el nuevo acuerdo. Dicha operación ha sido respaldada por el arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, pero los vecinos argumentan que el patronato no es legítimo, pues debería contar con la representación equilibrada de laicos y eclesiásticos. Esto, añaden, va en contra de lo estipulado al momento de la fundación de las entidades. La situación ha provocado un clima de incertidumbre, ya que los vecinos han señalado que muchos de ellos han invertido en reformas y mejoras en los inmuebles, los cuales alquilan a precios que rondan entre 900 y 1.000 euros mensuales, muy por debajo de la media del mercado local que se sitúa entre 1.500 y 3.000 euros para propiedades similares.
En 2019, la fundación intentó inicialmente vender 14 edificios a Tapiamar por un precio de 65 millones de euros, cifra que los vecinos consideran irrisoria dado que el valor real asciende a aproximadamente 250 millones. Sin embargo, esta primera tentativa se paralizó debido a denuncias de irregularidades por parte de los inquilinos, quienes advirtieron que la venta podría ser ilegal debido a las condiciones de donación originales. La reciente noticia indica que la fundación ha renunciado a acciones penales y civiles contra los imputados por estafa vinculados a la venta. La operación relacionada con Tapiamar ha vuelto a generar alarma entre los vecinos, quienes ven en este nuevo acuerdo un intento de despojo y han decidido impugnarlo en los tribunales. Además, los inquilinos han comenzado a movilizarse, organizando protestas para visibilizar su situación y han enviado cartas al nuevo Papa, León XIV, advirtiendo sobre la legalidad de la transacción.
En julio de 2025, se acordó una nueva venta de 13 edificios por 99 millones de euros, un precio que los vecinos consideran muy por debajo del valor de mercado de 250 millones. Esta operación, además de haber sido cuestionada por su legalidad, aún necesita la aprobación de un juzgado, debido a que la ley de fundaciones prohíbe la venta de inmuebles donados para fines benéficos. Los inquilinos, que habían recibido cartas de desahucio durante la primera venta, se preparan para impugnar el nuevo acuerdo. Dicha operación ha sido respaldada por el arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, pero los vecinos argumentan que el patronato no es legítimo, pues debería contar con la representación equilibrada de laicos y eclesiásticos. Esto, añaden, va en contra de lo estipulado al momento de la fundación de las entidades. La situación ha provocado un clima de incertidumbre, ya que los vecinos han señalado que muchos de ellos han invertido en reformas y mejoras en los inmuebles, los cuales alquilan a precios que rondan entre 900 y 1.000 euros mensuales, muy por debajo de la media del mercado local que se sitúa entre 1.500 y 3.000 euros para propiedades similares.