Progresista 86.67%Conservador 13.33%
La huelga de jueces y fiscales del pasado julio solo fue secundada por un juez y 28 fiscales, según informes oficiales
Las cifras oficiales contrastan con las estimaciones de seguimiento de las asociaciones convocantes, que hablaban de hasta un 70% de participación.
Publicado: 31 de julio de 2025, 12:16
En julio de 2025, se produjo una huelga de tres días convocada por varias asociaciones de jueces y fiscales en España, en protesta contra reformas legales impulsadas por el Ministerio de Justicia. Las cifras proporcionadas por el Ministerio indican que solo un juez y 28 fiscales participaron, contrastando con las estimaciones de hasta el 70% de las asociaciones organizadoras. Esta discrepancia resalta la creciente tensión en la comunidad judicial sobre la percepción de independencia judicial y la falta de un marco normativo claro que regule el ejercicio del derecho a huelga en este contexto.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, subrayó que la participación fue baja comparada con otros paros. La obligación de comunicar la intención de secundar la huelga motivó a muchos a no participar oficialmente y evitar deducciones salariales. El Ministerio también destacó que únicamente 29 personas comunicaron oficialmente su participación en la huelga, renunciando así a su salario y cotización a la Seguridad Social por no haber trabajado, lo que evidencia el dilema del derecho a la huelga en la carrera judicial. Las reformas que motivaron la huelga, como el acceso a las carreras judiciales y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, son vistas como un ataque a la independencia judicial.
La situación refleja la división en la comunidad judicial, entre asociaciones conservadoras que promovieron la huelga y otras progresistas que se desmarcaron de la protesta. Las asociaciones convocantes afirmaron que la huelga contaba con un enorme éxito del 75% entre sus miembros, un dato que contradice las cifras oficiales del Ministerio de Justicia. El resto de los jueces y fiscales que no comunicaron su participación verán sus nóminas íntegras, lo que ha generado una controversia sobre la legalidad de la huelga y sus implicaciones salariales. Durante la huelga, el Ministerio y los organismos judiciales no lograron llegar a un consenso sobre el seguimiento de la misma, lo que subraya la necesidad de una reforma que regule el derecho a huelga en este sector.
A su vez, las asociaciones mantuvieron su oposición a reformas recientes propuestadas por el Gobierno, argumentando que éstas ponen en riesgo la excelencia en el acceso a la Judicatura y la Fiscalía. Ejemplos incluyen la introducción de pruebas más subjetivas y la eliminación de contenido esencial en la formación, así como la posibilidad de integrar a jueces sustitutos sin oposición. Esta situación crea un entorno complejo y desafiante para la independencia judicial en España, donde las reformas desatan no solo mitos sobre la huelga, sino también interrogantes sobre la calidad del sistema judicial.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, subrayó que la participación fue baja comparada con otros paros. La obligación de comunicar la intención de secundar la huelga motivó a muchos a no participar oficialmente y evitar deducciones salariales. El Ministerio también destacó que únicamente 29 personas comunicaron oficialmente su participación en la huelga, renunciando así a su salario y cotización a la Seguridad Social por no haber trabajado, lo que evidencia el dilema del derecho a la huelga en la carrera judicial. Las reformas que motivaron la huelga, como el acceso a las carreras judiciales y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, son vistas como un ataque a la independencia judicial.
La situación refleja la división en la comunidad judicial, entre asociaciones conservadoras que promovieron la huelga y otras progresistas que se desmarcaron de la protesta. Las asociaciones convocantes afirmaron que la huelga contaba con un enorme éxito del 75% entre sus miembros, un dato que contradice las cifras oficiales del Ministerio de Justicia. El resto de los jueces y fiscales que no comunicaron su participación verán sus nóminas íntegras, lo que ha generado una controversia sobre la legalidad de la huelga y sus implicaciones salariales. Durante la huelga, el Ministerio y los organismos judiciales no lograron llegar a un consenso sobre el seguimiento de la misma, lo que subraya la necesidad de una reforma que regule el derecho a huelga en este sector.
A su vez, las asociaciones mantuvieron su oposición a reformas recientes propuestadas por el Gobierno, argumentando que éstas ponen en riesgo la excelencia en el acceso a la Judicatura y la Fiscalía. Ejemplos incluyen la introducción de pruebas más subjetivas y la eliminación de contenido esencial en la formación, así como la posibilidad de integrar a jueces sustitutos sin oposición. Esta situación crea un entorno complejo y desafiante para la independencia judicial en España, donde las reformas desatan no solo mitos sobre la huelga, sino también interrogantes sobre la calidad del sistema judicial.