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La Guardia Civil estima 88.146 retornos a Marruecos tras las entradas en Ceuta
El informe remitido a la jueza María Tardón también recoge 862 rescates y 90 fallecidos tras la llegada masiva de finales de julio.
Publicado: 7 de noviembre de 2026, 07:44 · actualizado: 7 de noviembre de 2026, 16:00
La Guardia Civil estima que aproximadamente 88.146 personas migrantes podrían haber retornado a Marruecos tras la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio. La cifra figura en un informe fechado el 27 de octubre y remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga lo ocurrido.
La estimación de retornos supera la cifra de entradas comunicada por el Gobierno. El 31 de julio, el Ejecutivo señaló que habían llegado unas 50.000 personas y que más de 37.500 habían regresado. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calculó entonces unas 60.000 llegadas. El 1 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, situó las entradas entre 50.000 y 60.000; el día 4, Interior elevó la cifra a 72.000 y aseguró que unas 2.000 personas seguían en Ceuta. Grande-Marlaska anunció el retorno de 70.000 de las 72.000 que habrían llegado.
El informe de la Guardia Civil no ofrece una cifra de entradas. Según el documento, los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas y el Servicio Marítimo realizaron 862 rescates en aguas de soberanía española. También constan 90 fallecimientos. La Policía Judicial se ocupó de las actuaciones relacionadas con las autopsias y el envío de muestras biológicas.
En otro informe remitido a la jueza, la Policía Nacional afirma que no dispone de una cifra oficial de entradas y que solo ha podido contabilizar a quienes manifestaron a sus agentes su voluntad de regresar. Considera que esa cifra es mínima frente al total de retornos voluntarios por la puerta que mantiene habilitada la Guardia Civil, cuerpo bajo cuya protección se encontraba la zona por la que se produjo la entrada. La Policía precisa que no hubo entradas por el puesto fronterizo de su competencia. El documento policial recoge 2.449 retornos en total, 225 expulsiones decretadas por la Justicia y 88 devoluciones gubernativas. Con datos actualizados al 19 de octubre, desglosa los retornos en 1.999 voluntarios y otros 450 tras desistir de la solicitud de asilo. También contabiliza 26 devoluciones de personas que tenían prohibida la entrada en España y 227 desde el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras.
El informe policial sitúa en 3.420 el número de niños y adolescentes atendidos por sus agentes que se encuentran en centros tutelados por la Ciudad Autónoma. También menciona operativos en los asentamientos de Playa de Benítez, Playa de El Trampolín, Explanada del Guano, el entorno de las naves de El Tarajal, el poblado de Regulares en Los Rosales y las inmediaciones del CETI.
El informe de la Guardia Civil detalla los efectivos y recursos desplegados en Ceuta desde el episodio. La ciudad cuenta con un catálogo de 695 puestos del cuerpo, aunque el personal disponible para prestar servicio puede variar por licencias, ascensos o concursos de destinos. La denominada fuerza en revista era de 585 guardias civiles el 29 de julio y de 546 el 19 de octubre. A ellos se sumó un dispositivo de refuerzo adaptado a las necesidades operativas y a los relevos. El documento también detalla los recursos materiales en Ceuta desde finales de julio y los medios de apoyo enviados tras la crisis. En el dispositivo participaron unidades y especialidades como la Agrupación de Reserva y Seguridad, unidades de Andalucía, los GEAS, el Grupo de Acción Rápida y los servicios Marítimo, de Criminalística y Aéreo.
El Gobierno de Ceuta cifra en 45.320.000 euros el coste extraordinario para sus arcas, resultado de gastos e inversiones imprevistas para mantener servicios como la atención sanitaria, la limpieza y el cuidado medioambiental. Miles de personas que entraron seguían en la ciudad cuando se conoció el informe. Ceuta tiene 83.000 habitantes y una superficie de 19 kilómetros cuadrados.
La Policía Nacional ha identificado en cinco vídeos difundidos por medios marroquíes a dos altos mandos de las fuerzas de seguridad de Marruecos que daban instrucciones en el entorno del paso fronterizo de Bab Sebta, en Fnideq, cerca del Tarajal. Uno de ellos era el prefecto de Policía de la región de Tetuán, Mohamed El Oualidi. En otro informe, la Policía apunta a la permisividad y connivencia de agentes marroquíes y sostiene que la entrada fue guiada por las fuerzas del país vecino. También considera que coincidió con la Fiesta del Trono en Marruecos de una forma que no fue casual ni inocua.
Según ese informe policial, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras alertó del riesgo de una entrada masiva antes de que se produjera. Además, el 29 de julio, el Centro Nacional de Inteligencia trasladó a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil su preocupación por convocatorias en redes sociales para entrar por mar y tierra al día siguiente. En un mensaje enviado a las 13.52 a la Delegación, advirtió de llamamientos para las 20.00 del día 30 en grupos con unos 180.000 seguidores. Un minuto después, en una llamada a la Guardia Civil, comunicó información sobre un posible intento de entrada a nado y salto de la valla.
En un informe del 30 de julio, el CNI señaló que no había detectado una reacción proactiva de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control, más allá del despliegue de algunas unidades antidisturbios. También apreció una distorsión entre la realidad sobre el terreno y la visión expresada por el rey Mohammed VI en su discurso anual a la nación del 29 de julio, cuando Marruecos buscaba reivindicarse como actor de estabilidad y socio de seguridad.
Una nota de un agregado de Interior en el consulado de España en Tánger trasladó el 4 de agosto la valoración de fuentes oficiales marroquíes. Según estas fuentes, los sucesos en los pasos hacia Ceuta y Melilla no fueron espontáneos ni circunstanciales, sino resultado de varios factores, entre ellos el uso malicioso del espacio digital, la difusión de información engañosa, las redes de trata y las interpretaciones erróneas de datos legales y administrativos.
La nota recuerda campañas en redes en septiembre de 2024 que convocaban intentos de cruce masivo hacia Ceuta los días 15 y 30, así como publicaciones de agosto de 2025 que llamaban a otro intento el día 15 y llevaron a Marruecos a elevar la alerta en las zonas fronterizas. Añade que las autoridades marroquíes advierten de que promover esos llamamientos o incitar a la migración irregular puede dar lugar a un procesamiento.
La Guardia Civil había advertido el 8 de julio de un posible efecto llamada tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente a Marruecos de quienes llegan a nado a Ceuta y Melilla. Ante un posible aumento de las entradas irregulares por mar, propuso reforzar el servicio marítimo de Ceuta y las unidades subacuáticas de Melilla, mejorar la detección temprana y la vigilancia costera y regular la posibilidad de aplicar el rechazo en frontera a intentos de entrada fuera de los pasos habilitados, cualquiera que fuese el medio utilizado.
Por su parte, Interior explica a la jueza que no recibió en los días previos documentación operativa que anticipara una entrada masiva de la magnitud registrada. Sostiene que la evolución de las llegadas y la sentencia del Supremo permitían prever un aumento progresivo de la presión migratoria e incluso episodios de impacto, pero abordables con los medios disponibles y refuerzos. Entre las medidas previas cita la búsqueda de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros y el refuerzo operativo de las fuerzas de seguridad. Tras la entrada, detalla la instalación de elementos provisionales de contención, la habilitación del centro, la solicitud de financiación a la Unión Europea, una nueva adecuación de recursos policiales y el refuerzo de agencias europeas.
La jueza ha citado a tres testigos protegidos y a dos policías los días 10 y 11 de noviembre. Entre la documentación solicitada para esclarecer qué información se manejaba y qué medidas se adoptaron figuran las notas informativas intercambiadas antes y después de la llegada masiva.
La estimación de retornos supera la cifra de entradas comunicada por el Gobierno. El 31 de julio, el Ejecutivo señaló que habían llegado unas 50.000 personas y que más de 37.500 habían regresado. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calculó entonces unas 60.000 llegadas. El 1 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, situó las entradas entre 50.000 y 60.000; el día 4, Interior elevó la cifra a 72.000 y aseguró que unas 2.000 personas seguían en Ceuta. Grande-Marlaska anunció el retorno de 70.000 de las 72.000 que habrían llegado.
El informe de la Guardia Civil no ofrece una cifra de entradas. Según el documento, los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas y el Servicio Marítimo realizaron 862 rescates en aguas de soberanía española. También constan 90 fallecimientos. La Policía Judicial se ocupó de las actuaciones relacionadas con las autopsias y el envío de muestras biológicas.
En otro informe remitido a la jueza, la Policía Nacional afirma que no dispone de una cifra oficial de entradas y que solo ha podido contabilizar a quienes manifestaron a sus agentes su voluntad de regresar. Considera que esa cifra es mínima frente al total de retornos voluntarios por la puerta que mantiene habilitada la Guardia Civil, cuerpo bajo cuya protección se encontraba la zona por la que se produjo la entrada. La Policía precisa que no hubo entradas por el puesto fronterizo de su competencia. El documento policial recoge 2.449 retornos en total, 225 expulsiones decretadas por la Justicia y 88 devoluciones gubernativas. Con datos actualizados al 19 de octubre, desglosa los retornos en 1.999 voluntarios y otros 450 tras desistir de la solicitud de asilo. También contabiliza 26 devoluciones de personas que tenían prohibida la entrada en España y 227 desde el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras.
El informe policial sitúa en 3.420 el número de niños y adolescentes atendidos por sus agentes que se encuentran en centros tutelados por la Ciudad Autónoma. También menciona operativos en los asentamientos de Playa de Benítez, Playa de El Trampolín, Explanada del Guano, el entorno de las naves de El Tarajal, el poblado de Regulares en Los Rosales y las inmediaciones del CETI.
El informe de la Guardia Civil detalla los efectivos y recursos desplegados en Ceuta desde el episodio. La ciudad cuenta con un catálogo de 695 puestos del cuerpo, aunque el personal disponible para prestar servicio puede variar por licencias, ascensos o concursos de destinos. La denominada fuerza en revista era de 585 guardias civiles el 29 de julio y de 546 el 19 de octubre. A ellos se sumó un dispositivo de refuerzo adaptado a las necesidades operativas y a los relevos. El documento también detalla los recursos materiales en Ceuta desde finales de julio y los medios de apoyo enviados tras la crisis. En el dispositivo participaron unidades y especialidades como la Agrupación de Reserva y Seguridad, unidades de Andalucía, los GEAS, el Grupo de Acción Rápida y los servicios Marítimo, de Criminalística y Aéreo.
El Gobierno de Ceuta cifra en 45.320.000 euros el coste extraordinario para sus arcas, resultado de gastos e inversiones imprevistas para mantener servicios como la atención sanitaria, la limpieza y el cuidado medioambiental. Miles de personas que entraron seguían en la ciudad cuando se conoció el informe. Ceuta tiene 83.000 habitantes y una superficie de 19 kilómetros cuadrados.
La Policía Nacional ha identificado en cinco vídeos difundidos por medios marroquíes a dos altos mandos de las fuerzas de seguridad de Marruecos que daban instrucciones en el entorno del paso fronterizo de Bab Sebta, en Fnideq, cerca del Tarajal. Uno de ellos era el prefecto de Policía de la región de Tetuán, Mohamed El Oualidi. En otro informe, la Policía apunta a la permisividad y connivencia de agentes marroquíes y sostiene que la entrada fue guiada por las fuerzas del país vecino. También considera que coincidió con la Fiesta del Trono en Marruecos de una forma que no fue casual ni inocua.
Según ese informe policial, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras alertó del riesgo de una entrada masiva antes de que se produjera. Además, el 29 de julio, el Centro Nacional de Inteligencia trasladó a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil su preocupación por convocatorias en redes sociales para entrar por mar y tierra al día siguiente. En un mensaje enviado a las 13.52 a la Delegación, advirtió de llamamientos para las 20.00 del día 30 en grupos con unos 180.000 seguidores. Un minuto después, en una llamada a la Guardia Civil, comunicó información sobre un posible intento de entrada a nado y salto de la valla.
En un informe del 30 de julio, el CNI señaló que no había detectado una reacción proactiva de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control, más allá del despliegue de algunas unidades antidisturbios. También apreció una distorsión entre la realidad sobre el terreno y la visión expresada por el rey Mohammed VI en su discurso anual a la nación del 29 de julio, cuando Marruecos buscaba reivindicarse como actor de estabilidad y socio de seguridad.
Una nota de un agregado de Interior en el consulado de España en Tánger trasladó el 4 de agosto la valoración de fuentes oficiales marroquíes. Según estas fuentes, los sucesos en los pasos hacia Ceuta y Melilla no fueron espontáneos ni circunstanciales, sino resultado de varios factores, entre ellos el uso malicioso del espacio digital, la difusión de información engañosa, las redes de trata y las interpretaciones erróneas de datos legales y administrativos.
La nota recuerda campañas en redes en septiembre de 2024 que convocaban intentos de cruce masivo hacia Ceuta los días 15 y 30, así como publicaciones de agosto de 2025 que llamaban a otro intento el día 15 y llevaron a Marruecos a elevar la alerta en las zonas fronterizas. Añade que las autoridades marroquíes advierten de que promover esos llamamientos o incitar a la migración irregular puede dar lugar a un procesamiento.
La Guardia Civil había advertido el 8 de julio de un posible efecto llamada tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente a Marruecos de quienes llegan a nado a Ceuta y Melilla. Ante un posible aumento de las entradas irregulares por mar, propuso reforzar el servicio marítimo de Ceuta y las unidades subacuáticas de Melilla, mejorar la detección temprana y la vigilancia costera y regular la posibilidad de aplicar el rechazo en frontera a intentos de entrada fuera de los pasos habilitados, cualquiera que fuese el medio utilizado.
Por su parte, Interior explica a la jueza que no recibió en los días previos documentación operativa que anticipara una entrada masiva de la magnitud registrada. Sostiene que la evolución de las llegadas y la sentencia del Supremo permitían prever un aumento progresivo de la presión migratoria e incluso episodios de impacto, pero abordables con los medios disponibles y refuerzos. Entre las medidas previas cita la búsqueda de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros y el refuerzo operativo de las fuerzas de seguridad. Tras la entrada, detalla la instalación de elementos provisionales de contención, la habilitación del centro, la solicitud de financiación a la Unión Europea, una nueva adecuación de recursos policiales y el refuerzo de agencias europeas.
La jueza ha citado a tres testigos protegidos y a dos policías los días 10 y 11 de noviembre. Entre la documentación solicitada para esclarecer qué información se manejaba y qué medidas se adoptaron figuran las notas informativas intercambiadas antes y después de la llegada masiva.
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