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La Guardia Civil detiene a 63 personas en rave ilegal de Albacete, destacando disturbios y riesgos para la salud pública
La fiesta reunió a unas 3.500 personas y requería un dispositivo policial de 300 agentes para controlar la situación
Publicado: 11 de enero de 2026, 01:49
La Guardia Civil interceptó una macrofiesta rave ilegal conocida como 'Big Fucking Party', que tuvo lugar entre el 31 de diciembre y el 7 de enero en Albacete. A raíz de esta operación, 63 personas fueron detenidas por diversos delitos. La celebración atrajo a aproximadamente 3.500 asistentes, lo que generó disturbios y llevó a un amplio dispositivo de seguridad con 300 agentes. Se confiscaban vehículos utilizados para la organización del evento y se emitieron actas de infracción por diversas actividades ilegales relacionadas con la salud pública.
Los detenidos se clasificaron en función de su participación en disturbios, organización ilegal y delitos relacionados con la salud pública. Además, controles de seguridad revelaron que muchos asistentes dieron positivo en alcohol o drogas, destacando los riesgos asociados con la falta de permisos y organización en este tipo de eventos. Las diligencias se presentaron ante el Tribunal de Instancia número 2 de Hellín, reflejando la preocupación de las autoridades por prevenir futuros incidentes similares.
La información presentada por varias fuentes coincide en los detalles fundamentales del evento, evidenciando un enfoque común en cuanto a la magnitud y la ilegalidad de la fiesta. Esta situación pone de relieve los retos que representan las celebraciones no autorizadas, tanto para la seguridad pública como para la salud de los participantes.
Los detenidos se clasificaron en función de su participación en disturbios, organización ilegal y delitos relacionados con la salud pública. Además, controles de seguridad revelaron que muchos asistentes dieron positivo en alcohol o drogas, destacando los riesgos asociados con la falta de permisos y organización en este tipo de eventos. Las diligencias se presentaron ante el Tribunal de Instancia número 2 de Hellín, reflejando la preocupación de las autoridades por prevenir futuros incidentes similares.
La información presentada por varias fuentes coincide en los detalles fundamentales del evento, evidenciando un enfoque común en cuanto a la magnitud y la ilegalidad de la fiesta. Esta situación pone de relieve los retos que representan las celebraciones no autorizadas, tanto para la seguridad pública como para la salud de los participantes.