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La Guardia Civil desmantela un falso refugio en Ávila y libera casi 500 animales exóticos protegidos
Se investiga a cuatro individuos por su implicación en una red criminal dedicada al tráfico ilegal de especies en la operación "Suartx".
Publicado: 15 de noviembre de 2025, 12:56
La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación exitosa en Burgohondo, Ávila, donde se han intervenido un total de 472 animales exóticos protegidos, valorados en 85.000 euros. La intervención, parte de la operación "Suartx", ha llevado a la investigación de cuatro personas por su supuesta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal. Entre los animales incautados se encuentran ejemplares de tortuga leopardo, tortuga de espolones, tortuga mediterránea, iguanas, gecos de distintas variedades, tarántulas y varanos del Nilo, todos sin la documentación legal necesaria y provenientes de cesiones irregulares realizadas desde provincias como Madrid, Badajoz, Ciudad Real, Valencia, Toledo, Huesca, Zaragoza y Sevilla.
La investigación, iniciada en junio de 2023 por el Seprona, reveló que los implicados operaban bajo el disfraz de una ONG, recibiendo donaciones a cambio de publicidad en redes sociales y ofreciendo actividades no reguladas en varias provincias, incluyendo cursos y programas de voluntariado en los que los participantes trabajaban sin estar dados de alta en la Seguridad Social. A pesar del estado relativamente bueno de los animales durante la intervención, se descubrió que hasta 200 habían muerto en condiciones precarias en el pasado. Las indagaciones apuntan a delitos como violaciones a la legislación sobre protección de la fauna, estafa, falsificación documental, contrabando y pertenencia a una organización criminal.
La operación recibió apoyo de CITES, Tragsatec y agentes medioambientales, y las diligencias han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Ávila y a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo para el seguimiento legal.
La investigación, iniciada en junio de 2023 por el Seprona, reveló que los implicados operaban bajo el disfraz de una ONG, recibiendo donaciones a cambio de publicidad en redes sociales y ofreciendo actividades no reguladas en varias provincias, incluyendo cursos y programas de voluntariado en los que los participantes trabajaban sin estar dados de alta en la Seguridad Social. A pesar del estado relativamente bueno de los animales durante la intervención, se descubrió que hasta 200 habían muerto en condiciones precarias en el pasado. Las indagaciones apuntan a delitos como violaciones a la legislación sobre protección de la fauna, estafa, falsificación documental, contrabando y pertenencia a una organización criminal.
La operación recibió apoyo de CITES, Tragsatec y agentes medioambientales, y las diligencias han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Ávila y a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo para el seguimiento legal.