Progresista 68%Conservador 32%
La gestión de los incendios forestales genera polémica entre el Gobierno y el PP mientras se buscan soluciones a la crisis
La falta de comisiones de investigación por parte del PP y la reclamación de un pacto de Estado marcan el debate sobre la emergencia climática.
Publicado: 28 de agosto de 2025, 06:50
La ola de incendios que ha devastado miles de hectáreas en diferentes comunidades autónomas de España ha desencadenado un intenso enfrentamiento político entre el Partido Popular (PP) y el Gobierno central. El PP ha rechazado la creación de comisiones de investigación, lo que ha suscitado críticas de otros partidos debido a la gestión de los incendios en las regiones que controla. Presidents de comunidades donde el PP tiene control han optado por comparecer ante sus parlamentos para evitar el escrutinio por parte de comisiones de investigación.
La vicepresidenta y la ministra de Defensa han defendido la actuación del Gobierno, subrayando la importancia de un pacto de Estado para afrontar la emergencia climática y criticando la falta de inversión en prevención por parte de las comunidades gobernadas por el PP. La situación se ha vuelto más tensa luego de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusara al PP de "enmascarar sus propios errores de gestión" y criticara las propuestas del partido, como la creación de un registro de pirómanos, afirmando que "los ciudadanos no necesitan pulseras para abordar el problema".
Marlaska ha insistido en la necesidad de un pacto de Estado para diseñar una estrategia integral y ha reafirmado que "todas las comunidades autónomas tienen la competencia en la gestión de los incendios", responsabilizando a los gobiernos regionales de la situación actual. A pesar de las críticas, las comunidades están comenzando a estabilizar algunos incendios. En León, donde el fuego de Fasgar se ha descontrolado, la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, ha señalado que las próximas 48 horas serán decisivas para controlar varios focos activos.
Más de 35.600 personas han sido evacuadas desde el inicio de la ola de incendios, y se han contabilizado 140 investigaciones en curso, con 50 detenidos por distintos delitos relacionados con la creación de incendios. La intensidad de las llamas ha exigido un despliegue sin precedentes de recursos estatales y europeos, que incluyen aviones y personal especializado, pero las comunidades alegan que han recibido menos recursos de los solicitados.
En medio de esta crisis, el Gobierno ha activado un nuevo real decreto que especifica la capacidad de acogida de menores migrantes en las comunidades autónomas, en un intento de aliviar la presión en zonas como Canarias y Ceuta que enfrentan una situación crítica con el aumento de menores no acompañados. Este decreto busca organizar el traslado de más de 5.000 menores que actualmente se encuentran en condiciones precarias.
La crisis ha dejado California o Australia como comparaciones recurrentes, pero España enfrenta particularidades que complican aún más la recuperación y la prevención de futuros desastres, como cambios climáticos severos que agravan la situación.
En el contexto actual, la falta de consenso político y la pugna entre el Gobierno y el PP sobre la responsabilidad y la gestión de los incendios son un obstáculo para desarrollar soluciones efectivas a largo plazo para la emergencia climática en el país.
La vicepresidenta y la ministra de Defensa han defendido la actuación del Gobierno, subrayando la importancia de un pacto de Estado para afrontar la emergencia climática y criticando la falta de inversión en prevención por parte de las comunidades gobernadas por el PP. La situación se ha vuelto más tensa luego de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusara al PP de "enmascarar sus propios errores de gestión" y criticara las propuestas del partido, como la creación de un registro de pirómanos, afirmando que "los ciudadanos no necesitan pulseras para abordar el problema".
Marlaska ha insistido en la necesidad de un pacto de Estado para diseñar una estrategia integral y ha reafirmado que "todas las comunidades autónomas tienen la competencia en la gestión de los incendios", responsabilizando a los gobiernos regionales de la situación actual. A pesar de las críticas, las comunidades están comenzando a estabilizar algunos incendios. En León, donde el fuego de Fasgar se ha descontrolado, la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, ha señalado que las próximas 48 horas serán decisivas para controlar varios focos activos.
Más de 35.600 personas han sido evacuadas desde el inicio de la ola de incendios, y se han contabilizado 140 investigaciones en curso, con 50 detenidos por distintos delitos relacionados con la creación de incendios. La intensidad de las llamas ha exigido un despliegue sin precedentes de recursos estatales y europeos, que incluyen aviones y personal especializado, pero las comunidades alegan que han recibido menos recursos de los solicitados.
En medio de esta crisis, el Gobierno ha activado un nuevo real decreto que especifica la capacidad de acogida de menores migrantes en las comunidades autónomas, en un intento de aliviar la presión en zonas como Canarias y Ceuta que enfrentan una situación crítica con el aumento de menores no acompañados. Este decreto busca organizar el traslado de más de 5.000 menores que actualmente se encuentran en condiciones precarias.
La crisis ha dejado California o Australia como comparaciones recurrentes, pero España enfrenta particularidades que complican aún más la recuperación y la prevención de futuros desastres, como cambios climáticos severos que agravan la situación.
En el contexto actual, la falta de consenso político y la pugna entre el Gobierno y el PP sobre la responsabilidad y la gestión de los incendios son un obstáculo para desarrollar soluciones efectivas a largo plazo para la emergencia climática en el país.