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La Fiscalía solicita la absolución de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en un caso de filtración relacionado con Isabel Díaz Ayuso
La teniente fiscal del Supremo afirma que no hay delito y propone testimonios clave para el juicio que se avecina. Además, la jueza ha abierto juicio oral contra el novio de Ayuso, Alberto González Amador, por fraude fiscal.
Publicado: 22 de septiembre de 2025, 11:57
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha reclamado la absolución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un caso que investiga la supuesta filtración de un correo electrónico que involucra a Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sánchez Conde argumenta que los hechos no constituyen un delito de revelación de secretos y que no hay pruebas suficientes que indiquen que García Ortiz fuera responsable de las filtraciones.
El correo en cuestión, que admitía delitos fiscales por parte del empresario, ha sido utilizado por críticos para atacar a Ayuso y su pareja. La teniente fiscal también ha solicitado que varios testigos sean convocados para el juicio, esperando arrojar luz sobre cómo se conoció la información. La estrategia de la Fiscalía busca demostrar que García Ortiz actuó de forma correcta al intentar aclarar la información errónea que circulaba en los medios.
Este caso marca un momento histórico en el sistema judicial español, ya que es poco común que el fiscal general del Estado enfrente acusaciones formales. En paralelo, la jueza Carmen Rodríguez Medel ha acordado abrir juicio oral contra Alberto González Amador, por presuntamente defraudar a Hacienda 350.951 euros utilizando una trama de facturas falsas. La apertura de juicio se produce tras el rechazo de la magistrada a la solicitud de su defensa de suspender el procedimiento mientras se resolvían recursos interpuestos. La jueza también ha incorporado a su decisión delitos de falsedad documental y pertenencia a organización criminal por parte de González Amador.
La Fiscalía ha solicitado tres años y nueve meses de prisión para el novio de Ayuso en el escrito de acusación. Además, otros cuatro empresarios también están implicados en el caso, siendo acusados de colaborar en la elaboración de las facturas falsas. Según las acusaciones, estas prácticas eran parte de un esquema diseñado para evitar el pago completo de impuestos y generar un ingreso menor al erario público. Este caso, que involucra tanto a la jefatura del fiscal como a figuras políticas prominentes, resalta las tensiones entre la política y la justicia en España, evidenciando las controversias que pueden surgir entre altos funcionarios y figuras políticas.
El correo en cuestión, que admitía delitos fiscales por parte del empresario, ha sido utilizado por críticos para atacar a Ayuso y su pareja. La teniente fiscal también ha solicitado que varios testigos sean convocados para el juicio, esperando arrojar luz sobre cómo se conoció la información. La estrategia de la Fiscalía busca demostrar que García Ortiz actuó de forma correcta al intentar aclarar la información errónea que circulaba en los medios.
Este caso marca un momento histórico en el sistema judicial español, ya que es poco común que el fiscal general del Estado enfrente acusaciones formales. En paralelo, la jueza Carmen Rodríguez Medel ha acordado abrir juicio oral contra Alberto González Amador, por presuntamente defraudar a Hacienda 350.951 euros utilizando una trama de facturas falsas. La apertura de juicio se produce tras el rechazo de la magistrada a la solicitud de su defensa de suspender el procedimiento mientras se resolvían recursos interpuestos. La jueza también ha incorporado a su decisión delitos de falsedad documental y pertenencia a organización criminal por parte de González Amador.
La Fiscalía ha solicitado tres años y nueve meses de prisión para el novio de Ayuso en el escrito de acusación. Además, otros cuatro empresarios también están implicados en el caso, siendo acusados de colaborar en la elaboración de las facturas falsas. Según las acusaciones, estas prácticas eran parte de un esquema diseñado para evitar el pago completo de impuestos y generar un ingreso menor al erario público. Este caso, que involucra tanto a la jefatura del fiscal como a figuras políticas prominentes, resalta las tensiones entre la política y la justicia en España, evidenciando las controversias que pueden surgir entre altos funcionarios y figuras políticas.