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La Fiscalía solicita dos años de prisión para el organizador del Mad Cool por delitos ambientales en la edición de 2023
La cuantía de multas y la posible inhabilitación de la organización están en el centro del debate judicial tras las quejas vecinales.
Publicado: 3 de septiembre de 2025, 12:22
La Fiscalía de Madrid ha solicitado la apertura de juicio oral contra el organizador del festival Mad Cool, Javier Arnáiz, y la empresa Mad Cool Festival S.L. por delitos ambientales relacionados con la edición 2023 del festival, tras quejas vecinales sobre el ruido excesivo. Se piden dos años de prisión para Arnáiz y una multa de 73.000 euros a la organización, que incluye 10.000 euros por el delito de ruido y 63.000 euros adicionales debido a los incumplimientos de los niveles de ruido permitidos. La Fiscalía también ha resaltado el impacto que el exceso de decibelios tuvo en la salud de los vecinos afectados, solicitando que se indemnice a cuatro de ellos con 6.000 euros cada uno por daños morales. El proceso judicial ha sido acelerado por diversas denuncias vecinales y las mediciones realizadas por la Policía Municipal que confirmaron el incumplimiento de los límites de ruido establecidos, evidenciando un caso categorizado como un delito contra el medioambiente.
La acusación también plantea la inhabilitación de la empresa para recibir subvenciones y contratos públicos durante dos años. Dicha inhabilitación es solicitada como parte de las medidas preventivas ante la reiteración de infracciones en la normativa ambiental. La plataforma Stop Mad Cool ha reclamado una indemnización por daños morales a los vecinos afectados, que podrían recibir hasta 6.000 euros cada uno por las molestias sufridas. Las mediciones de ruido superaron en ocasiones los 100 decibelios al lado de los escenarios, lo que contraviene las condiciones establecidas por la autorización municipal que permitía máximos de 65 decibelios en las fachadas de las viviendas cercanas.
El delegado del Área de Gobierno de Urbanismo y Medio Ambiente ha justificado las sanciones impuestas por el Ayuntamiento y señalado que, aunque el festival ha crecido en su propuesta musical, las disputas legales que han surgido ponen en duda la viabilidad de eventos que no respeten las normativas ambientales, lo que podría limitar el futuro de otros festivales en la región. El Ayuntamiento de Getafe ha expresado su satisfacción por la decisión judicial y ha instado a las autoridades competentes a actuar con responsabilidad ante los daños causados. La jueza de Instrucción número 34 de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra el administrador único del festival y contra la empresa Mad Cool Festival S.L. Además, como parte del proceso judicial, se ha exigido una fianza de 12.000 euros a los acusados, garantizando así posibles responsabilidades económicas si son condenados.
La acusación también plantea la inhabilitación de la empresa para recibir subvenciones y contratos públicos durante dos años. Dicha inhabilitación es solicitada como parte de las medidas preventivas ante la reiteración de infracciones en la normativa ambiental. La plataforma Stop Mad Cool ha reclamado una indemnización por daños morales a los vecinos afectados, que podrían recibir hasta 6.000 euros cada uno por las molestias sufridas. Las mediciones de ruido superaron en ocasiones los 100 decibelios al lado de los escenarios, lo que contraviene las condiciones establecidas por la autorización municipal que permitía máximos de 65 decibelios en las fachadas de las viviendas cercanas.
El delegado del Área de Gobierno de Urbanismo y Medio Ambiente ha justificado las sanciones impuestas por el Ayuntamiento y señalado que, aunque el festival ha crecido en su propuesta musical, las disputas legales que han surgido ponen en duda la viabilidad de eventos que no respeten las normativas ambientales, lo que podría limitar el futuro de otros festivales en la región. El Ayuntamiento de Getafe ha expresado su satisfacción por la decisión judicial y ha instado a las autoridades competentes a actuar con responsabilidad ante los daños causados. La jueza de Instrucción número 34 de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra el administrador único del festival y contra la empresa Mad Cool Festival S.L. Además, como parte del proceso judicial, se ha exigido una fianza de 12.000 euros a los acusados, garantizando así posibles responsabilidades económicas si son condenados.