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La Fiscalía revela un aumento alarmante en la llegada de menores migrantes no acompañados a España, destacando la saturación de los centros de acogida

En 2024, un total de 16.041 menores extranjeros no acompañados permanecen en el país, evidenciando la crisis en el sistema de atención.

Publicado: 5 de septiembre de 2025, 20:09

La Fiscalía General del Estado ha presentado su memoria correspondiente al año 2024, donde señala un preocupante incremento en la llegada de menores extranjeros no acompañados a España a través de rutas marítimas. Un total de 5.922 menores llegaron en pateras, lo que representa un aumento del 21,7% respecto al año anterior, y la cifra total de menores de este tipo que permanecen en el país asciende a 16.041, un 40% más que en 2022. Un fenómeno notable en este contexto es el dramático aumento en la llegada de niñas, que se triplicaron en 2024, alcanzando los 631 casos. La Fiscalía destaca la crisis en el sistema de protección y la sobreocupación crítica en los centros de acogida, que limita la atención individualizada necesaria para estos jóvenes.

A pesar del incremento en las llegadas, la repatriación de menores ha sido mínima, con solo ocho repatriaciones registradas en 2024. Además, la situación se complica con la falta de recursos y la coordinación entre distintos organismos, hecho que ha puesto de manifiesto la recientemente reportada crítica falta de infraestructura en las Islas Baleares, donde el tráfico de migrantes ha aumentado esta temporada. La difusión de datos refleja una divergencia entre las cifras de la policía y la información de la Fiscalía, lo que pone en evidencia problemas de coordinación y recursos insuficientes. Particularmente, la isla de Formentera, la única en el archipiélago de Balears sin base permanente de Salvamento Marítimo, ha visto un incremento en el número de migrantes, recibiendo a más de 1.500 en lo que va del año, lo que ha llevado a preocupaciones sobre la seguridad y la capacidad de respuesta ante potenciales tragedias en el mar. La situación ha generado un intenso debate político, especialmente en comunidades gobernadas por el Partido Popular, que impugnan los acuerdos sobre la distribución de menores en España. La Fiscalía hace un llamado a una mejor coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas ante esta crisis migratoria.

Es esencial garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de estos jóvenes en situación de vulnerabilidad, enfatizando la necesidad de seguir con la determinación de edad y desarrollar recursos adecuados para su integración y desarrollo.