La Fiscalía pide procesar a Koldo, Aldama y Pardo de Vera

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que procese a 13 personas y a la empresa Soluciones de Gestión en la rama del caso Koldo que investiga los hechos que no fueron juzgados por el Tribunal Supremo. Entre los afectados están Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos; el comisionista Víctor de Aldama; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, y Jessica Rodríguez, expareja del exministro.

La solicitud no afecta a la pieza separada sobre las presuntas mordidas en obra pública, que continúa en investigación. El fiscal Luis Pastor considera decisiva la sentencia condenatoria del Supremo para formular la petición en esta otra rama.

El escrito responde al requerimiento del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que había preguntado a las partes si debía continuar el procedimiento contra los investigados o archivarlo. La Fiscalía también solicita el archivo para doce personas.

Anticorrupción atribuye a Koldo García tráfico de influencias y blanqueo; a Aldama, cohecho y delito contra la Hacienda Pública; a Pardo de Vera, tráfico de influencias, y a Rodríguez, malversación. La petición no supone la apertura inmediata del juicio: corresponde al juez decidir sobre el futuro de la causa. Si acuerda transformar la causa en procedimiento abreviado, la investigación se dará por concluida y las acusaciones podrán presentar sus escritos con las penas que reclamen para quienes queden incluidos en la resolución.

La Fiscalía solicita asimismo que se proceda contra Joseba García, hermano de Koldo; Patricia Uriz, exmujer del exasesor; los socios de Aldama Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno; el exdirectivo de Adif Ignacio Zaldívar; el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, y los empresarios Íñigo Rotaeche y Juan Carlos Cueto. Los investigadores sitúan a Cueto como la persona que controlaba Soluciones de Gestión, de la que Rotaeche era administrador.

El Ministerio Público anuncia que pretende acusar de organización criminal a Joseba García, Uriz, los tres socios de Aldama y Villalba. También atribuye tráfico de influencias a Zaldívar y Joseba García, blanqueo al hermano y la expareja de Koldo y un delito fiscal a Cueto y Rotaeche por el ejercicio de 2020.

**Contrataciones en empresas públicas**

La Fiscalía sostiene que Pardo de Vera utilizó sus influencias para impulsar la contratación de Rodríguez en Ineco. Según su escrito, Ábalos pidió a Koldo que contactara con la entonces presidenta de Adif para transmitirle su interés en que su pareja fuera contratada. El fiscal sitúa a Pardo de Vera en un papel central: considera que asumió la petición y la trasladó a las sociedades que contrataron y pagaron a Rodríguez, aprovechando el peso de Adif.

Tras finalizar ese contrato, según Anticorrupción, Ábalos y Koldo se pusieron de acuerdo con Pardo de Vera y Zaldívar para incorporar a Rodríguez a Tragsatec. La Fiscalía afirma que no hubo una entrevista previa, que fue asignada a la presidencia de la empresa y que Zaldívar dio instrucciones para que no se la molestara durante su contrato.

El Ministerio Público sostiene que Rodríguez era consciente de que cobraba sin realizar tareas y que ella misma reconoció que no prestó trabajo alguno. La sentencia del Supremo afirma que no desempeñó ningún trabajo en las dos empresas públicas y que el plan consistía precisamente en que cobrara un salario sin trabajar. Rodríguez percibió hasta 43.000 euros sin acudir a su puesto de trabajo.

La Abogacía del Estado, que representa a Ineco y Tragsatec, pide llevar a juicio por malversación y tráfico de influencias a Pardo de Vera, Rodríguez, Zaldívar y Joseba García. Las acusaciones populares encabezadas por el PP solicitan lo mismo.

**Contratos, pagos y presunto blanqueo**

Según la Fiscalía, Koldo García utilizó su posición como asesor de Ábalos para favorecer contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión y de pruebas PCR a Eurofins Megalab en Canarias y Baleares. El fiscal relaciona esas gestiones con pagos mensuales de 10.000 euros que, sostiene, recibía de Aldama para mantener su acceso al Ministerio de Transportes.

Anticorrupción atribuye a Koldo, su hermano y Uriz operaciones para ocultar el origen de los fondos, mediante ingresos en efectivo, transferencias y compras inmobiliarias. Entre ellas cita la adquisición de un piso en Benidorm a nombre de la hija pequeña del exasesor. La atribución de blanqueo a Koldo también se relaciona con el patrimonio detectado cuyo origen la Fiscalía considera inexplicado.

A Aldama le acusa de pagar de forma fija a Villalba para que suministrara teléfonos seguros a la trama. La Fiscalía sostiene que el comandante también ofrecía barridos antivigilancia y consultas en bases policiales. Según la Fiscalía, el comandante habría recibido una contraprestación económica para proteger la continuidad de la presunta organización, salvaguardar sus comunicaciones y la seguridad personal de sus miembros y evitar que se descubriera su actividad.

El fiscal también sostiene que Aldama canalizó las comisiones del negocio de las mascarillas a través de Deluxe Fortune y MTM 180 Capital para evitar declararlas en su IRPF de 2020. La Abogacía del Estado propone llevar a juicio al comisionista y a esas dos empresas por delitos contra la Hacienda Pública.

La Fiscalía considera que determinados hechos relativos a la negociación y adjudicación de contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión, así como al posible blanqueo asociado a sus rendimientos, no son perseguibles. La causa de la Audiencia Nacional también aborda hechos no enjuiciados por el Supremo, entre ellos adjudicaciones de mascarillas en Baleares y Canarias.

**Peticiones de archivo y nueva investigación**

Entre las personas para las que Anticorrupción solicita el archivo figuran el exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez, el exsecretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares y el exdirector general de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda. En el juicio, Gómez se desmarcó de las contrataciones de mascarillas y Sánchez declaró que pensaba que Aldama ayudaba al ministerio con ellas. La Fiscalía considera que Sánchez se limitó a ejecutar una decisión ya tomada de comprar mascarillas a Soluciones de Gestión.

La petición incluye al socio de Aldama Luis Alberto Escolano, que intervino en el alquiler del piso de Plaza de España, en Madrid, donde vivió Rodríguez y que el comisionista pagó a través de él. También afecta a Daniel Sierra, María Piedad Losada, José Luis Rodríguez, Israel Pilar, Rogelio Pujalte, Patricia Ramos, María Auxiliadora Luque y Andoni García, otro hermano de Koldo.

Por su parte, el PP pide ampliar la investigación a la contratación de Claudia Montes por Logirail y dar la condición de investigados a Isaías Táboas, expresidente de Renfe, y Óscar Gómez Barbero, exdirector gerente de Logirail. El Supremo ya investigó esa contratación y consideró acreditado que Ábalos y Koldo facilitaron su incorporación utilizando presuntamente a ambos directivos. El PP sostiene que el episodio presenta un patrón similar al de Ineco y Tragsatec.

El Supremo condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a Koldo García a 19 años y ocho meses y a Aldama a cuatro años y medio. La pena de Aldama fue suspendida por su colaboración con la justicia.