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La Fiscalía pide el archivo de la causa contra el fiscal general Álvaro García Ortiz tras cuestionar las pruebas del juez Hurtado.
La teniente fiscal argumenta que la información había sido divulgada previamente por periodistas y critica las inferencias del juez sobre indicaciones del Gobierno.
Publicado: 14 de junio de 2025, 18:41
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el archivo de la causa que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quienes están siendo procesados por una supuesta revelación de secretos en relación al caso fiscal del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En un escrito, la teniente fiscal, María de los Ángeles Sánchez Conde, argumenta que no existe 'sustrato probatorio' que justifique la acusación y que las afirmaciones del juez Ángel Hurtado, sobre la influencia de Moncloa en la actuación de los fiscales, son infundadas.
El documento critica la decisión del juez de considerar que la Fiscalía actuó bajo indicaciones del Gobierno, señalando que en ningún momento se ha presentado prueba alguna que sustente esa afirmación. Sánchez Conde advierte que esta imputación no figura en los múltiples actos procesales y ha generado 'clara indefensión' para los investigados. Además, la Fiscalía destaca que el correo en cuestión, donde se admiten delitos fiscales, era de conocimiento público antes de que García Ortiz lo recibiera, ya que varios periodistas contaban con la información desde antes de que el fiscal general accediera a los documentos.
Más aún, la teniente fiscal aporta como evidencia un mensaje de WhatsApp de las redacciones de medios de comunicación, que confirma que la información relacionada con el caso ya era conocida por ciertos periodistas antes de que fuera recibida por García Ortiz. El documento de la Fiscalía también recalca la falta de pruebas y el impacto que las acusaciones pueden tener sobre la confianza en la institución.
El documento critica la decisión del juez de considerar que la Fiscalía actuó bajo indicaciones del Gobierno, señalando que en ningún momento se ha presentado prueba alguna que sustente esa afirmación. Sánchez Conde advierte que esta imputación no figura en los múltiples actos procesales y ha generado 'clara indefensión' para los investigados. Además, la Fiscalía destaca que el correo en cuestión, donde se admiten delitos fiscales, era de conocimiento público antes de que García Ortiz lo recibiera, ya que varios periodistas contaban con la información desde antes de que el fiscal general accediera a los documentos.
Más aún, la teniente fiscal aporta como evidencia un mensaje de WhatsApp de las redacciones de medios de comunicación, que confirma que la información relacionada con el caso ya era conocida por ciertos periodistas antes de que fuera recibida por García Ortiz. El documento de la Fiscalía también recalca la falta de pruebas y el impacto que las acusaciones pueden tener sobre la confianza en la institución.