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La Fiscalía investiga los incumplimientos de las Zonas de Bajas Emisiones en España, enfocándose también en Cataluña
La falta de acción por parte de muchos ayuntamientos lleva a la Fiscalía a pedir información sobre las regulaciones de ZBE a varias comunidades autónomas.
Publicado: 6 de octubre de 2025, 19:47
La Fiscalía General del Estado ha puesto en el foco a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España, a raíz de un considerable número de incumplimientos por parte de los ayuntamientos en la implementación de las restricciones para vehículos contaminantes. El Ministerio Fiscal ha comenzado a solicitar documentación a las administraciones competentes, incluyendo las comunidades autónomas, para evaluar el grado de cumplimiento de la normativa establecida en la Ley de Cambio Climático de 2021.
El Ministerio de Transición Ecológica e Interior está trabajando en un nuevo decreto que obligará a los ayuntamientos a aplicar sanciones a los vehículos que no cumplan con las normativas de las ZBE. En el contexto de Cataluña, la Fiscalía se dirige recordando a la Generalitat las obligaciones que deben cumplir los municipios, ya que muchos no están acatando la legislación en relación a las ZBE, lo que lleva a un proceso de verificación del estado de cada uno de estos espacios.
La situación ha suscitado controversia en algunas ciudades catalanas, donde algunos ayuntamientos han optado por moratorias que eximen de multas a residentes hasta 2030, contradiciendo las directrices de la Ley. Esto ha generado tensiones en la administración local, y ha llevado a que la Fiscalía intensifique su revisión sobre las ZBE, con el objetivo de asegurar que se cumpla con las regulaciones y que se proteja la calidad del aire en las ciudades.
El Ministerio de Transición Ecológica e Interior está trabajando en un nuevo decreto que obligará a los ayuntamientos a aplicar sanciones a los vehículos que no cumplan con las normativas de las ZBE. En el contexto de Cataluña, la Fiscalía se dirige recordando a la Generalitat las obligaciones que deben cumplir los municipios, ya que muchos no están acatando la legislación en relación a las ZBE, lo que lleva a un proceso de verificación del estado de cada uno de estos espacios.
La situación ha suscitado controversia en algunas ciudades catalanas, donde algunos ayuntamientos han optado por moratorias que eximen de multas a residentes hasta 2030, contradiciendo las directrices de la Ley. Esto ha generado tensiones en la administración local, y ha llevado a que la Fiscalía intensifique su revisión sobre las ZBE, con el objetivo de asegurar que se cumpla con las regulaciones y que se proteja la calidad del aire en las ciudades.