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La Fiscalía investiga al colegio y a compañeras tras el suicidio de una menor en Sevilla por acoso escolar
La muerte de Sandra Peña ha desatado una serie de investigaciones y una creciente tensión en la comunidad educativa del colegio Irlandesas de Loreto.
Publicado: 20 de octubre de 2025, 19:02
En Sevilla, la tragedia de una niña de 14 años, Sandra Peña, quien se quitó la vida después de haber denunciado ser víctima de acoso escolar, ha puesto en la mira a su colegio, las Irlandesas de Loreto. Tras el suicidio, la Fiscalía de Menores ha abierto dos expedientes paralelos: uno centrado en las tres compañeras que presuntamente acosaban a Sandra y otro en la posible responsabilidad del centro educativo en la gestión del acoso denunciado.
Los protocolos de actuación ante casos de bullying que deben ser implementados en el colegio no se aplicaron a pesar de que la familia de la menor había alertado sobre la situación en varias ocasiones. Esta falta de acción ha generado indignación entre los padres, que ahora ven comprometedora la seguridad de sus hijos. La situación ha llevado a los padres a exigir justicia, planeando acciones legales contra el colegio por su inacción ante el acoso escolar.
La Consejería de Desarrollo Educativo ha intervenido, advirtiendo que el colegio podría perder su subvención pública si se confirma un incumplimiento grave de protocolos. A raíz de la muerte de Sandra, la comunidad escolar se encuentra tensa, con vigilancia policial aumentada y creciente clamor social por cambios en la gestión del acoso escolar en el sistema educativo. Este clamor se refuerza tras la reciente evaluación de la Inspección Educativa, que observó que aunque se adoptaron algunas medidas, estas no fueron efectivas y que no se había activado formalmente el protocolo de acoso.
Asimismo, la familia de Sandra ha anunciado que están preparando acciones legales contra el colegio, pues la única medida adoptada por el centro fue el cambio de aula de las supuestas acosadoras, lo que consideran insuficiente. Mientras tanto, el colegio ha pedido respeto y responsabilidad ante la situación y ha solicitado a las autoridades que eviten cualquier acción que perturbe la tranquilidad de sus alumnos, enfatizando que su prioridad es el bienestar y la protección del alumnado en estos momentos difíciles.
Los protocolos de actuación ante casos de bullying que deben ser implementados en el colegio no se aplicaron a pesar de que la familia de la menor había alertado sobre la situación en varias ocasiones. Esta falta de acción ha generado indignación entre los padres, que ahora ven comprometedora la seguridad de sus hijos. La situación ha llevado a los padres a exigir justicia, planeando acciones legales contra el colegio por su inacción ante el acoso escolar.
La Consejería de Desarrollo Educativo ha intervenido, advirtiendo que el colegio podría perder su subvención pública si se confirma un incumplimiento grave de protocolos. A raíz de la muerte de Sandra, la comunidad escolar se encuentra tensa, con vigilancia policial aumentada y creciente clamor social por cambios en la gestión del acoso escolar en el sistema educativo. Este clamor se refuerza tras la reciente evaluación de la Inspección Educativa, que observó que aunque se adoptaron algunas medidas, estas no fueron efectivas y que no se había activado formalmente el protocolo de acoso.
Asimismo, la familia de Sandra ha anunciado que están preparando acciones legales contra el colegio, pues la única medida adoptada por el centro fue el cambio de aula de las supuestas acosadoras, lo que consideran insuficiente. Mientras tanto, el colegio ha pedido respeto y responsabilidad ante la situación y ha solicitado a las autoridades que eviten cualquier acción que perturbe la tranquilidad de sus alumnos, enfatizando que su prioridad es el bienestar y la protección del alumnado en estos momentos difíciles.