Progresista 100%Conservador 0%
La Fiscalía de Madrid solicita la imputación de Leire Díez por intento de soborno a fiscales en el caso Villarejo
La exmilitante socialistas y el empresario Javier Pérez Dolset están bajo investigación por ofrecer favores a cambio de información comprometida.
Publicado: 11 de agosto de 2025, 18:46
La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado formalmente la imputación de Leire Díez, exmilitante del PSOE, y el empresario Javier Pérez Dolset, por presunto intento de soborno a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa. Esta solicitud está relacionada con denuncias de ambos fiscales donde se alega que Díez y Pérez Dolset ofrecían favores a cambio de información sobre investigaciones judiciales. La Fiscalía solicitó abrir diligencias en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde se investiga a Díez por cohecho y tráfico de influencias.
La Fiscalía ha recopilado testimonios y una grabación de una reunión donde se dieron estos supuestos intentos de soborno. Grinda denunció que le ofrecieron un destino en el extranjero a cambio de información sobre casos sensibles, mientras que Stampa se reunió con Díez y Pérez Dolset para solicitar apoyo gubernamental. Las grabaciones han permitido agrupar los casos, aunque el juez Zamarriego rechazó acumular las denuncias en un único procedimiento.
Un decreto de la Fiscalía, firmado el 17 de julio, ha sido apelado tras la decisión del juez, y la legalidad de esta discusión recaerá en la Audiencia Provincial de Madrid. El caso, dada su gravedad y el interés público, refleja la corrupción en las instituciones judiciales y políticas en España.
La Fiscalía ha recopilado testimonios y una grabación de una reunión donde se dieron estos supuestos intentos de soborno. Grinda denunció que le ofrecieron un destino en el extranjero a cambio de información sobre casos sensibles, mientras que Stampa se reunió con Díez y Pérez Dolset para solicitar apoyo gubernamental. Las grabaciones han permitido agrupar los casos, aunque el juez Zamarriego rechazó acumular las denuncias en un único procedimiento.
Un decreto de la Fiscalía, firmado el 17 de julio, ha sido apelado tras la decisión del juez, y la legalidad de esta discusión recaerá en la Audiencia Provincial de Madrid. El caso, dada su gravedad y el interés público, refleja la corrupción en las instituciones judiciales y políticas en España.