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La Fiscalía de Brasil pide condena para Bolsonaro por intento de golpe de Estado mientras el Supremo archiva caso contra Bolaños en España.
El expresidente brasileño podría enfrentar hasta 40 años de prisión, mientras el ministro español es exonerado de cargos de malversación.
Publicado: 15 de julio de 2025, 19:46
La Fiscalía general de Brasil, liderada por Paulo Gonet, ha solicitado la condena del expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus antiguos colaboradores por el presunto intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, reclamando penas que oscilan entre 12 y 40 años. Las pruebas presentadas incluyen mensajes y documentos que evidencian una supuesta trama para desestabilizar el gobierno electo de Lula.
En España, el Tribunal Supremo ha decidido archivar la petición de investigar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en relación al caso de su esposa, Begoña Gómez, al no encontrar indicios suficientes para avanzar con la causa. La decisión refleja la falta de evidencia que sustente cualquier delito en la actuación del ministro durante la contratación de una asesora vinculada a su esposa.
Ambos casos destacan tensiones políticas en Brasil y España, ofreciendo una visión sobre el manejo de acusaciones en el poder estatal. Mientras en Brasil se investiga una estructura que intentó desmantelar la democracia, en España se cuestiona el uso de recursos públicos y posibles irregularidades administrativas.
En España, el Tribunal Supremo ha decidido archivar la petición de investigar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en relación al caso de su esposa, Begoña Gómez, al no encontrar indicios suficientes para avanzar con la causa. La decisión refleja la falta de evidencia que sustente cualquier delito en la actuación del ministro durante la contratación de una asesora vinculada a su esposa.
Ambos casos destacan tensiones políticas en Brasil y España, ofreciendo una visión sobre el manejo de acusaciones en el poder estatal. Mientras en Brasil se investiga una estructura que intentó desmantelar la democracia, en España se cuestiona el uso de recursos públicos y posibles irregularidades administrativas.