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La Fiscalía de Barcelona exige sanciones para la empresa que alquilaba infraviviendas ilegales en Badalona
Se detectaron 18 infraviviendas en condiciones precarias; la Fiscalía pide a la Agencia de Vivienda que actúe contra el propietario.
Publicado: 8 de noviembre de 2025, 12:57
La Fiscalía de Barcelona ha tomado medidas contra una empresa que arrendaba infraviviendas en Badalona, donde unas treinta personas vivían en condiciones precarias. Los inquilinos pagaban entre 350 y 650 euros al mes por habitaciones de solo 15 metros cuadrados, que carecían de ventilación adecuada y tenían defectos estructurales. Entre las irregularidades se incluían problemas eléctricos y un acondicionamiento realizado sin permisos, agravando aún más la situación de estos inquilinos. La intervención fue denunciada por el Ayuntamiento, que clausuró las infraviviendas y exige sanciones al propietario.
A pesar de las sanciones que se esperaban, la Fiscalía constató que no se habían materializado, lo que llevó a requerir formalmente a la Agencia de Vivienda para que actuara. Este es un caso emblemático en la lucha contra los abusos en el ámbito de la vivienda, donde la fiscal Paloma Pelegrín indicó que es la primera vez que se actúa de esta manera contra promotores en el contexto de la crisis de vivienda. La fiscal ha insistido en que ante la falta de respuesta inicial de la Agencia Catalana del Consumo, es la Agencia de Vivienda la que debe tomar la labor de inspección y sanción.
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, subrayó la falta de ética empresarial del propietario que había realizado modificaciones no autorizadas en el local, generando ingresos de hasta 7,200 euros mensuales. En su intervención, Albiol aseguró que las sanciones podrían ascender entre 10 y 12 millones de euros debido a las diversas irregularidades detectadas en el lugar. Este caso refleja una problemática más amplia de explotación de inquilinos vulnerables y la necesidad urgente de regulación en el mercado inmobiliario.
A pesar de las sanciones que se esperaban, la Fiscalía constató que no se habían materializado, lo que llevó a requerir formalmente a la Agencia de Vivienda para que actuara. Este es un caso emblemático en la lucha contra los abusos en el ámbito de la vivienda, donde la fiscal Paloma Pelegrín indicó que es la primera vez que se actúa de esta manera contra promotores en el contexto de la crisis de vivienda. La fiscal ha insistido en que ante la falta de respuesta inicial de la Agencia Catalana del Consumo, es la Agencia de Vivienda la que debe tomar la labor de inspección y sanción.
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, subrayó la falta de ética empresarial del propietario que había realizado modificaciones no autorizadas en el local, generando ingresos de hasta 7,200 euros mensuales. En su intervención, Albiol aseguró que las sanciones podrían ascender entre 10 y 12 millones de euros debido a las diversas irregularidades detectadas en el lugar. Este caso refleja una problemática más amplia de explotación de inquilinos vulnerables y la necesidad urgente de regulación en el mercado inmobiliario.